Miércoles, 13 de Marzo de 2019

VENEZUELA: LA DOLOROSA ESPERA FRENTE AL CAOS SOCIALISTA

 Cuando la interpretación y aplicación del Derecho es superada por la realidad de los hechos  

               

         

La  perplejidad sigue desbordando el camino del análisis en el caso de Venezuela. Los abogados y juristas han brindado aproximaciones y caminos para facilitar soluciones impostergables a la crisis humanitaria sin precedentes, que continúa vistiendo de desolación, hambre y muerte al pueblo venezolano.

Estimamos necesario insistir, en que el derecho ha propuesto derroteros con fundamento en la legislación tanto nacional como internacional, para consolidar la esperada instauración del gobierno de transición liderado por Juán Guaidó. La Constitución Nacional, los Tratados internacionales y el Estatuto de Roma, entre otros, se hallan supeditados a la concreción de decisiones políticas definitivas que no pasan ya, por esperar que el generalato recapacite y se acoja a una Ley de Amnistía o con atenazar aún más la ya depauperada economía patria.

Tampoco ha intimidado para nada, la supresión de los visados por parte de los Estados Unidos a los jerarcas del Régimen, a quienes poco les importa una acción de este tipo, disponiendo del maná revolucionario para vivir como reyezuelos. La realidad es la que tenemos de frente, brutal, desquiciante, con un claro panorama de desigualdad donde no hay partes equivalentes: la sociedad civil pone los muertos ante los asaltantes revolucionarios envenenados de odio e ignorancia. El estamento normativo está allí, lo cual impone entonces examinar el balance de los hechos acaecidos hasta el momento para entender y apoyar, el enorme esfuerzo realizado hasta el momento por Juán Guaidó en su intento por rescatar la democracia de las fauces castro comunistas.

En primer término, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del Consejo de Derechos Humanos, nombró en el mes de febrero al señor Alfred Maurice de Zayas, un “experto independiente” encargado de examinar la situación venezolana y emitir el informe correspondiente. Así lo hizo, dejando constancia de su permanencia en suelo venezolano entre noviembre y diciembre de 2017, y advirtiendo según su criterio y las entrevistas “cinco estrellas” de rigor, que no había encontrado crisis humanitaria equivalente a las acaecidas en Libia, Yemen, Mali, Somalia, Sudán y Mianmar (evidentemente no visitó ni hospitales, ni mercados, ni farmacias) añadiendo además, que la ONU violaría su propia Carta si reconociera a Juan Guaidó como Presidente encargado, en atención a lo expresamente estipulado en el artículo 2 (7) de dicha Carta, la Resolución 2625 de la Asamblea General y otros Estatutos de la ONU.

A continuación ilustramos acerca del contenido del mencionado artículo 2 (7) de la Carta ONU:

“Para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios: …7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará, a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII “Acción en caso de amenazas, quebrantamientos de Paz o Actos de Agresión. Las recomendaciones y medidas se encuentran en los artículos 41 y 42.” (resaltado nuestro)

Es nuestro parecer, salvo mejor criterio, que estamos en presencia de una interpretación restrictiva del supuesto de derecho referido a “…asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados…”. Según las últimas cifras emanadas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el éxodo de venezolanos se estima en 3.1 millones, de los cuales 1.1 millones se encuentra en territorio colombiano. Este flujo migratorio, comprobado y abordado por el impacto que ha causado a nivel fronterizo y en los servicios sanitarios y de asistencia de los países receptores, ha transformado un asunto presuntamente de jurisdicción interna, en un gran problema de derecho internacional público. Demás está decir, que amén de lo mencionado, resulta insólito que bajo los niveles de violencia, hambre y escasez que vive el pueblo venezolano, la crisis humanitaria que padece deba cumplir con los “parámetros de crisis”  de otros países como los que indica el “experto independiente”.

En cuanto a la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24-10-1970, ésta contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.

El “experto independiente” (ONU), también apunta hacia las sanciones económicas impuestas al Régimen de Nicolás Maduro  por la Unión Europea y Estados Unidos, como causantes de la crisis humanitaria o caos totalitario. En esta línea argumental, también se anota la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet. Pues bien, consideramos un craso error achacar una relación de causalidad única entre la crisis humanitaria y las sanciones recientemente impuestas. La razón no puede ser más obvia: La crisis en Venezuela y su crecimiento exponencial ya existía mucho antes de la imposición de sanciones económicas. La prueba de ello puede corroborarse examinando la fecha de las denuncias realizadas ante los organismos internacionales, particularmente, los que velan por la defensa de los derechos humanos. La cuantía de informes, testimonios, reportajes y reclamos formales exigiendo justicia por parte de los afectados, podría acumularse en una hemeroteca de abusos aberrantes cometidos por el Régimen venezolano y lo más importante, constituyen notitia criminis al momento de construir el acervo probatorio de cualquier causa judicial internacional.

En segundo término, y también en el terreno jurídico, nos topamos con la inacción de la Corte Penal Internacional, concretamente de su Fiscal acusadora Fatou Bom Bensouda, presuntamente relacionada con Haifa el Aissami, la embajadora del dictador venezolano destacada en el Tribunal (¡!). Lo hemos señalado y lo repetimos de nuevo, la tipificación de los hechos que acaecen en Venezuela se encuentran perfectamente tipificados en un excelente texto normativo: El Estatuto de Roma. Este instrumento penal internacional dispone en su articulado  los supuestos de hecho que constituyen los crímenes de lesa humanidad. A los fines ilustrativos, nos permitimos transcribir del texto del Estatuto, lo siguiente:

…”PARTE II DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE.

 Artículo 5: La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes…b) Los crímenes de lesa humanidad.

Artículo 7. Crímenes de Lesa Humanidad.

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque…a) asesinato, b) exterminio, c) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional…f) tortura, i) desaparición forzada de personas…

2. A los efectos del párrafo 1:

a)    Por “ataque a una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra la población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una Organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

b)   El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación de acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población.

        g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.

         Las reiteradas declaraciones públicas, notorias y comunicacionales del dictador venezolano, contra el grupo poblacional no afecto a sus políticas de imposición castro comunista, denominándolo despreciativamente con calificativos de “escuálidos y traidores”, por clamar condiciones de vida digna en ejercicio de sus derechos fundamentales, denota la “intencionalidad” a que alude el literal b) en desarrollo del concepto “exterminio”. La materialización de la conducta discriminatoria y dolosa del Régimen se materializa sin ninguna duda a través de la imposición del “carnet de la patria” para poder acceder a alimentos, medicinas o para cobrar las pensiones en el caso de los jubilados y pensionados.

        Como hemos visto en esta revisión pasajera, el Derecho no es un obstáculo sino un instrumento fundamental de apoyo y certeza para hacerle cara a una situación real, que como hemos dicho en otras reflexiones, no admite ya más dilaciones. Las sugerencias de elecciones “libres y democráticas” en un País con las instituciones secuestradas y un Consejo Nacional Electoral al servicio del Régimen, sólo será viable con el ejercicio político efectivo por parte del Presidente encargado Juan Guaidó.

        Del mismo modo, los propiciadores de diálogos inútiles que fungen como “asesores” del dictador, se hallan al descubierto porque no es posible pretender entendimientos entre los asaltantes y los hambrientos, sobre todo cuando la burla antecede siempre las respuestas de los jerarcas del régimen, siempre zafios, ineptos y corruptos.

        El Presidente encargado de Venezuela ha recibido el apoyo solidario de más de cincuenta países de la comunidad internacional. La reciente expulsión del embajador de Alemania, declarado por el Dictador persona non grata, bajo la acusación de “injerencista” y el retiro de todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos, siguen dirigiendo la brújula hacia otro escenario que condense el enorme esfuerzo diplomático realizado hasta el momento y consolide  la coalición internacional de países libres y democráticos de una vez por todas.

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano

REFERENCIA: V FORO PRO INTEGRACIÓN DE JURISTAS DE IBEROAMÉRICA. NETWORKING IBEROAMERICANO DE JURISTAS E INVERSORES.

                                                                         (Martes, 30 de octubre 2018)

 

EL GRAN RETO DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

         Muchos comentarios han surgido acerca de la efectividad de las organizaciones internacionales al momento de verse los Países miembros, obligados a cumplir las resoluciones votadas en la Asamblea de la OEA.   La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, ha dictaminado a favor de periodistas, abogados y afectados de toda índole, pero los estados miembros condenados omiten cumplir sus obligaciones, aún cuando la pertenencia a este tipo de organizaciones, se asienta en Tratados Internacionales, en la mayoría de los casos, con rango constitucional.  

      

                   

          De todos es sabido que nada se obtiene ganando un juicio si luego la parte perdidosa, no cumple voluntariamente con lo dispuesto por el Juzgado, entonces procede lo que llamamos la ejecución forzosa, pero en materia internacional, salvo las previsiones contenidas en materia arbitral y los laudos respectivos, resulta cada vez más cuesta arriba ejecutar los dispositivos judiciales emanados de este tipo de organización.

La jurisdicción aplicable, conjuntamente con el agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos del País infractor, son el epicentro del asunto, y aunque los Países miembros acuerdan al suscribir los Tratados, un mecanismo de  jurisdicción universal, ante las denuncias concretas, aún con sólida base probatoria, siempre buscan a la postre la manera de eludirla haciendo de la impunidad una constante que no sólo hace caer en el descrédito a las instancias internacionales, sino que pone en tela de juicio su operatividad para dirimir conflictos entre los Estados.      

        

            Pero, no podemos achacar la inacción para restablecer situaciones de violación de los derechos humanos, porque un análisis objetivo de los hechos y sus circunstancias revelan que con respecto a la Corte Interamericana, el problema más bien radica en la actitud del Estado contumaz o rebelde a cumplir el dispositivo del fallo en el caso controvertido . Veamos un ejemplo: En el asunto de la CIDH, caso “Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs Venezuela, resuelto mediante sentencia del 05 de agosto de 2008. Serie C, No.182, donde algunos jueces venezolanos fueron destituidos y considerados conculcados sus derechos, la CIDH sentenció y dispuso el reintegro de los magistrados cesados en sus cargos, asegurando al mismo tiempo en el dispositivo del fallo, que supervisaría la ejecución íntegra de la sentencia y daría por concluido el caso, una vez que el Estado (Venezuela) hubiese dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el fallo. Es más, la misma CIDH advierte que “ …Dentro del lapso de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darles cumplimiento”

A la postre ha resultado, que ni los jueces han sido restituidos, ni acordada la indemnización de los beneficios sociales que se les adeudan, los cuales también constan en el dispositivo del fallo. En lo particular, pensamos que la aplicación de una ley que resulta de imposible ejecución, no lo es tal,  porque pierde su primer elemento, el carácter coercible que diferencia a la norma legal de otro tipo de normativas (la moral por ejemplo).  De cualquier modo, queda palmariamente claro, que las decisiones netamente jurídicas emanadas de los órganos (CIDH) de las organizaciones internacionales, deben ser asépticas a los intereses políticos gubernamentales de los Países miembros, en cuanto al respeto debido a la Carta Democrática Interamericana y al cumplimiento de su objetivo fundamental: la protección de los derechos humanos.

La disposición de aplicar la Carta Interamericana Democrática en el contexto del Sistema Interamericano de Protección, a través de un órgano jurisdiccional, no sólo es plausible sino por demás necesario. Queda por concretar en definitivo, los mecanismos para la ejecución de sentencia a los países miembros infractores mediante mecanismos expeditos concretos y no meramente declarativos y tener además, más claro que nunca, que sólo a través de los observadores internacionales y poniendo en marcha los principios de oportunidad y pertinencia, pueden enfrentarse con éxito las graves amenazas que se ciernen sobre el sistema interamericano democrático.

Abog. César Enrique López Bacaicoa

Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. España, Unión Europea.

Abogado Asociado Escritorio Jurídico Financiero REVILLA DUARTE & ASOCIADOS (Venezuela)

Miércoles, 19 de Diciembre 2018

IBEROAMÉRICA: ESTADO DE DERECHO E INVERSIÓN

La estabilidad política como factor determinante para atraer capitales

                   Entre el vaivén político que producen las democracias endebles y los atascos que la ejecución presupuestaria de proyectos de desarrollo, que bien por inoperancia burocrática o desviación de fondos públicos, presentan algunas administraciones públicas iberoamericanas, aunado a la carencia de una base legal sostenible y confiable que abone y consolide un terreno propicio para las inversiones en el área, no puede concretarse un desarrollo sostenible, por el contrario, los países con “insuficiencia democrática” e instituciones públicas en entredicho por su sumisión y obediencia genuflexa al Poder Ejecutivo, suelen experimentar mayor vulnerabilidad a consecuencias como: aumento de sus deudas públicas, congelación de los financiamientos internacionales, aumento de sus índices de pobreza y una diáspora sostenida de su valioso activo humano.

                El Estado de Derecho no supone un marco normativo monolítico que en vez de promover inversión, atosigue iniciativas para atraer capitales provenientes del ala pública o privada internacional. El desempeño de las políticas económicas regionales, vale decir, la eficiencia de las Administraciones de los erarios públicos a la hora de llevar a cabo proyectos acordados bilateral o multilateralmente, es monitoreado permanentemente con rigor científico por organismos calificadores de riesgo que dan pautas claras sobre el panorama de  inversión en el área.

                El financiamiento internacional que se traduce en financiación a través de capitales extranjeros, es directamente proporcional a la confianza y a la seguridad jurídica que debe mostrar el perfil político del País miembro optante del crédito respectivo. En otras palabras, el marco legal interno de cada País iberoamericano, no es más, que el “saber a que atenerse” de los inversionistas, de donde dimana la seguridad jurídica y por ende política necesarias para invertir. Cubierto éste flanco, comienzan a establecerse puentes a través de alianzas estratégicas con base a la premisa “ganar-ganar” para obtener los mejores beneficios para los estados contratantes.

                Ahora bien, luego de analizados algunos de los resultados contenidos en el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017, producido por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), observamos por ejemplo, el balance de la Cooperación Triangular, que es un “… mecanismo de negociación internacional con tres roles para cada proyecto o acción, donde un Primer Oferente es responsable del fortalecimiento de capacidades y sólo puede ser ejercido por un País en desarrollo de América Latina, un Segundo Oferente, que puede ser tanto un País desarrollado como en desarrollo de cualquier región o un Organismo multilateral. Su labor es la de apoyar técnica, institucional y/o financieramente dicho proceso de transferencia de capacidades, y un Tercer elemento Receptor, que es el destinatario del proceso de fortalecimiento de capacidades y que está representado por al menos un País de América Latina…”

                La SEGIB detalla en el Informe arriba indicado, que entre los primeros OFERENTES en la Región, figuraron Chile con un 29.8% de Proyectos, Brasil (18.14%), México (16%) y Argentina 9% y agrega en su desarrollo estadístico, que otros países también transfirieron sus capacidades en proyectos bajo el sistema de cooperación triangular: Uruguay, Perú y Costa Rica, en cinco ocasiones cada uno de ellos; Colombia, en cuatro ocasiones, El Salvador, dos proyectos. Igualmente se mencionan Proyectos que tuvieron como Oferentes a Países como: Panamá, Ecuador y República Dominicana, puntualizando el Informe SEGIB que…”para todos los países, el espacio en el que principalmente se desarrollan sus iniciativas, fue el iberoamericano”.

                Con esta mención de datos, se pretende establecer que no todos los países de la región iberoamericana son susceptibles de fortalecer capacidades o de apoyar técnica, institucional y/o financieramente, el proceso de transferencia para establecer ventajas comerciales y complementariedades entre los socios. En las Naciones favorecidas, una de las razones de peso, amén del examen de los flujos comerciales de cada Estado, es que tanto el derecho a la propiedad, como los derechos humanos son respetados y aunque sus sistemas judiciales adolezcan de falencias que deberían ser corregidas a mediano y largo plazo, ofrecen la seguridad necesaria para hacerse de préstamos internacionales, toda vez, que su categorización es confiable o “positiva” según las operadoras de riesgo que dan luz verde a los financiamientos.

                La inseguridad jurídica y la mora de algunos países en el cumplimiento de los compromisos internacionales, han hecho redirigir la mirada de los antes socios potenciales y ahora decididos acreedores, hacia la renegociación de deudas que en algunos casos, comprometen buena parte, si no todas, de las reservas internacionales de los países deudores.

                Dentro de las organizaciones multilaterales dedicadas a la financiación de proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional, promoviendo además la integración comercial regional en América Latina, es de obligatoria referencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual, según leemos en su WEB SITE es:“el más grande en su tipo (desarrollo regional) y cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX. No tiene relación directa con la Organización de Estados Americanos (OEA) ni con el Fondo Monetario Internacional (FIM) o con el Banco Mundial…”, mención obligatoria que se hace por cuanto éstos últimos, siempre son satanizados por los países deudores cuando al no poder honrar sus obligaciones por problemas de inejecución presupuestaria y corrupción, atacan a los acreedores cuando éstos cesan sus préstamos o ponen condiciones más onerosas para la renegociación de las acreencias.

                El BID está conformado por 48 países clasificados en miembros no prestatarios (22) y miembros prestatarios (26) que se subdivide en dos grupos de acuerdo a la cantidad de financiamiento que son susceptibles de recibir.  Colombia por ejemplo, pertenece al segundo  grupo junto a Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana entre otros. Algunos de estos países, son Oferentes en negociaciones de Cooperación Triangular y tal como se ha señalado a lo largo de la nota, el desempeño de sus políticas económicas con las particularidades características de cada Estado, les permiten participar en el desarrollo de proyectos con financiamiento internacional.

                Venezuela figura en el Grupo 1 del esquema arriba señalado, vale decir, como miembro prestatario, pero demostrando patrones de incumplimiento cada vez más difíciles de superar. En los actuales momentos, han sido suspendidos los préstamos a este País por encontrarse en mora en el pago de 88.3 millones de dólares. Las sanciones internacionales producto de los desmanes de un régimen de corte dictatorial, con índices de criminalidad nunca vistos, constantes violaciones de los derechos humanos y una corrupción cuyos autores siguen siendo juzgados fuera de sus fronteras por carecer de un Estado de Derecho confiable, ilustran una ecuación simple pero contundente: “Democracia igual a Estado de Derecho y Seguridad Jurídica igual a Financiación”.

               

 Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano

Miércoles, 23 de Enero 2019

UNAS SON DE CAL Y OTRAS TAMBIEN

Las víctimas por violación de derechos humanos: un viacrucis que se repite

                   La recurrencia de la violación de los derechos humanos ha ido calando y preocupando cada vez más en algunos países latinoamericanos, poniendo a prueba muchos sistemas y organizaciones internacionales,  que trabajan a brazo partido para sacar a flote  grandes grupos humanos atrapados en situaciones que navegan entre lo pavoroso y lo brutal. No se trata ya de reproducir aquí, las estadísticas y los valiosos indicadores de las ONG, OEA Y ONU, puesto que son harto conocidos, sino de  ahondar un poco más en lo que acontece frente a los números.

                Diariamente, los llamados a la compostura y las resoluciones internacionales condenatorias de hechos aberrantes contra la dignidad humana, se encuentran frente a poderosos obstáculos que apuntan siempre a la inejecutabilidad de las decisiones consensuadas que se proponen hacer justicia, poniendo límites a las situaciones irregulares que arrojan la presencia de delitos perfectamente tipificados en los instrumentos penales internacionales.

                Una de las piezas del rompecabezas procesal, son los mecanismos de que se dota a la sociedad civil para denunciar arbitrariedades y por sobre todo, el tiempo que puede durar la tramitación de las mismas mediante la instrucción del expediente respectivo.

         Cuando el Estado infractor tiene completamente atenazados los llamados “recursos internos”, vale decir, sus propias instituciones para preservar el cauce de los derechos fundamentales, ya sabemos que la respuesta negatoria de los hechos que configuran violación de los derechos humanos, es una constante política que obliga a las víctimas a requerir de los órganos judiciales internacionales tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, pronunciamientos firmes plasmados en sentencias perfectamente estructuradas, en cuanto a la relación de los hechos y al acervo probatorio que producen el fallo. El tiempo que transcurre para ello, es largo y tortuoso para el caso de los exiliados, refugiados o cualquier víctima que viva bajo la protección del derecho humanitario.

        Pues bien, consideramos que dos elementos deben ser tenidos en consideración para comprender la atadura de manos en que parecieran encontrarse por momentos, los más decididos defensores de los DDHH. En primer término, encontramos los requisitos y lapsos de admisibilidad de las causas, necesarios para dar inicio al iter procesal  de un proceso legal internacional y en segundo plano, el poco caso que se le hace a un auto decisorio al momento de la pretendida ejecución de sentencia que ordena restablecer el estamento legal que garantiza los derechos que nos atañen a los seres humanos por el mero hecho de serlo.

       El principio de la oportunidad procesal es tan importante para activar judicialmente la protección de poblaciones diezmadas por el terrorismo, como las normas sustantivas que le sirven de base y sustento. Se trata de un binomio que cuando flaquea en su aplicación, hace trastabillar no sólo el espíritu, propósito y razón de la norma positiva, sino que también desvela su poca eficacia en la recuperación del órden público, jurídico e institucional de la sociedad. Los llamados estados forajidos, tapizados de guerrilla, subversión y ausencia total del estado de derecho, producen estadísticas espeluznantes en cuanto a crímenes de lesa humanidad y delitos terribles consagrados en el Estatuto de Roma.

        Una matanza de seres humanos no admite tardanzas en cuanto a las medidas necesarias y perentorias que deben tomarse para evitar más asesinatos. Los presos políticos, los periodistas perseguidos y apresados y la hostilidad que se respira en las fronteras a consecuencia del éxodo desesperado de la población civil, no puede depender de solicitudes de carácter rogatorio a líderes políticos de talante autoritario, apuntalados por fuerzas armadas o paramilitares, que continúan diezmando  comunidades enteras.

        Entonces, las normas existen, el glosario legal necesario contenido en ellas para facilitar la identificación del tipo legal aplicable también. Los foros e instancias no judiciales para canalizar denuncias por violación de los derechos humanos, se han convertido en un importantísimo canal de ayuda a la hora de solicitar, acopiar y facilitar documentos a las instancias legales respectivas. Pero hay que hacer hincapié, en la celeridad que debe acompañar la toma de medidas cuanto estamos frente a hechos noticiosos que no admiten ninguna duda por su carácter represivo y autoritario. Los semáforos de alerta funcionan, pero pocos ya creen en las medidas cautelares de protección y en los juicios necesarios para establecer responsabilidades y aplicar sanciones.

       

        Mientras no entendamos que no puede supeditarse la activación de juicios internacionales a componendas e intereses políticos o a la concesión de jugosos contratos para la venta de armas, continuaremos transitando la dolorosa deriva de la inacción, pagando un precio de poca credibilidad en los organismos internacionales y de permanente crítica a los operadores judiciales en las diferentes instancias de conocimiento y aplicación del derecho.

        Las víctimas sobrevivientes por violación de derechos humanos, luego de atravesar el túnel de las injusticias y el sufrimiento sin que haya mediado indemnización material o moral alguna, suelen expresar con una mueca de dolor: “Unas son de cal y otras también lo son”.

                  

 Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano

Martes, 12 de Febrero 2019

LA “TROIKA TIRÁNICA” LATINOAMERICANA

 El peligro del triángulo castrocomunista en América  

               

         

           La palabra “troica” (triada en español), refiere un trío de personas, instituciones u organizaciones. Así se definía en el argot de la comunidad internacional, el triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, se conocía como Troika NKVD, al Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos o antiguo servicio de inteligencia soviético, que se encargaba de atender todo lo atinente a la seguridad nacional y las comisiones de tres personas, que servían de instrumento de castigo extrajudicial en el mismo territorio.

           

             Dentro de la escala de acepciones, se incluyen además, con el término “troika” la denominación de una danza tradicional y de un tipo de trineo ruso. Pero el vocablo cobra especial importancia en boca del Consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional Jhon Bolton, al calificar recientemente como “troika tiránica” a las regiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con sistemas de gobierno comunistas, que cada vez más saltan a la palestra pública no por sus descubrimientos científicos o por sus índices de desarrollo, sino por sus nefastas estructuras de represión, hambre, pobreza y violación de los derechos humanos.

              

               La alusión del funcionario estadounidense lleva evidentemente el dardo preciso, dirigido a los falsos predicadores del igualitarismo económico social, apuntando al origen ruso de un término que de alguna manera, se asocia con la mano de hierro de la autoridad comunista contra los detractores. Claro está, la tríada de los tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua , es hija fiel y obediente de una poderosa potencia mundial, que no se caracteriza precisamente, por hacer gala de la vena democrática caras adentro.

           

               La “troika de la tiranía” denota amenaza. Una oscura sombra que cubre y asfixia a dos países de la América Central y a Venezuela, la primera nación que encabeza el mapa geográfico de América del Sur. No se necesita ser un experto para advertir, que la preocupación del gigante del Norte, tenga fundamentos por demás obvios como la primera potencia democrática del planeta.

             

               A veces choca entre los detractores del “imperio capitalista”, que Estados Unidos ostente un sólido régimen de libertades, con preeminencia de la ley ante todo y para todos. En esta tierra se puede salir adelante luchando intelectualmente, y lo más importante, obteniendo un beneficio directamente proporcional al ingenio propio y al reto profesional para consagrar metas que todos buscamos durante la vida, es decir, siempre hemos escuchado hablar del sueño americano, nunca del sueño ruso y mucho menos, de la calidad del desarrollo económico y social en los países satélite que ostentan el comunismo como sistema de gobierno.

           

                 Las raíces del comunismo de esta peligrosa “troika tiránica”, están plantadas en el semillero de la revolución cubana de 1959. Fidel Castro soñó siempre con constituir un bloque comunista con la excusa de hacer prevalecer la justicia social “obrera e igualitaria” por sobre el “capitalismo salvaje y opresor”, pagando eso sí, un altísimo precio en cuanto a libertad y respeto a la dignidad humana y sustituyendo el “temible libre mercado”, por la indecente fórmula comunal, donde todos deben producir lo que se les ordena y comer lo que se les da, entiéndase “racionamiento”. Los fusilamientos y cárcel a quienes se atreven a disentir del “mar de la felicidad” cubano (como lo llamo el inefable Hugo Chávez), siguen colocando a la isla caribeña como un permanente violador de los derechos humanos.

                       

                   Venezuela cayó en las manos de Hugo Chávez (y de los Castro) a través de la vía electoral en 1998, luego de que éste  fracasara en su intento de tomar el poder de facto en 1992. El “Comandante” venezolano, bastante escaso intelectualmente y emocionalmente vulnerable por sus complejos sociales, más que por su decadente ideología de pobreza y miseria, fue aprovechado al máximo por el dictador cubano, auspiciando la reforma de la Constitución de 1961 y castrando al Poder Judicial de hombres probos por sujetos con prontuario criminal, pero siempre  dispuestos a asentir los desvaríos del tirano.

                    El patrón ideologizante es siempre el mismo: los nobeles integrantes de la “troika tiránica” (Venezuela y Nicaragua) han ido desmontando la estructura del Estado, fortaleciendo el Poder Ejecutivo y sometiendo al Legislativo y al Judicial a sus designios. El resultado?, un oscurantismo medieval que se presenta con un marco de falsa legalidad, elecciones amañadas, burla perenne y recurrente a las críticas y a las realidades más lacerantes de hambre, enfermedad y penurias urbanas entre otras. La negación sistemática de lo obvio es tal, que ya causa un asco moral infinito entre los venezolanos que deben soportar las letanías revolucionarias cada día.

            Otra de las afectaciones más importantes, es la sumisión de la jerarquía militar, comprometidos en buena parte hasta los tuétanos de beneficios y prebendas. Hasta los uniformes fueron sustituidos en su diseño a semejanza del modelo cubano, un símbolo que no pasó inadvertido para muchos pero que fue acogido con beneplácito por los adulantes del “Comandante en Jefe”, ávidos de fortunas y ascensos. Los valientes, los no “troikos” que se plantan ante el atropello y la mediocridad, van siendo acorralados y/o degradados hasta su desactivación definitiva como células pensantes en la Fuerza Armada Venezolana.

                 

              En la misma línea y como complemento necesario a la presunta seguridad patria, la satrapía cubana recomienda la instauración de milicianos como fuerza paralela al ejército nacional. Tampoco actúan solos, sino con la connivencia de los llamados “colectivos” (fuertemente armados) y los “pranes”, que son los cabecillas de las bandas de delincuentes apertrechadas con fusiles de guerra y cualquier tipo de  artefacto bélico. Estos grupos, constituyen una fuerza paramilitar que abona el terreno de la intimidación a la sociedad civil.

                       

               En la actualidad, las ficciones y refriegas entre los soldados hambrientos y los generales que se alimentan opíparamente resultan inocultables. Cientos de militares de rango medio y bajo han solicitado sus “bajas del servicio armado”, otros, han tenido que abandonar la carrera militar al comprender, que la defensa de la soberanía patria, se ha convertido en un sinsentido ante la entrega sostenida y sin reparos de las instalaciones, los equipos, la logística y los sistemas de inteligencia en manos de los jerarcas de la Habana.

                 

                 Las concesiones mercenarias del acanallado régimen, dieron y siguen dando pié a miles de avisos de peligro a la comunidad internacional. Los grupos terroristas colombianos (FARC, ELN etc), las temidas células del Hezbollah libanés y del Hamas palestino, hacen vida con total impunidad en territorio venezolano. Cuesta creer que una realidad tan nefasta y tan oportunamente denunciada, no haya producido una respuesta contundente y sin aspavientos ante el asentamiento de grupos irregulares en un sector geoestratégico tan importante de la América del Sur. Un abanico de sanciones económicas y morales pretenden acorralar al régimen venezolano, el dictador empero, sigue allí,  grandilocuente, envanecido y desafiante.

               

                  La Troika tiránica ha llegado demasiado lejos. Lo que se consideró en su momento como “predicciones inflamadas” por parte de los defensores de la libertad, la justicia y la paz democrática, se transformó en un monumental problema gracias al desinterés, el abandono y la falta de toma de decisiones sin titubeos que en su momento debieron acometerse con determinación frente a la soberbia, los insultos y los coqueteos de los grupúsculos comunistas del triunvirato con los enemigos de Estados Unidos.

                La diplomacia anuncia siempre propósitos y acción. Venezuela se encuentra en un momento crucial. Las advertencias han sido dadas y el diagnóstico del caos político, social y económico y sus consecuencias, clama por acciones concretas, ya no declarativas, porque a los países democráticos de América con Estados Unidos a la cabeza, les toca ahora afrontar una tormenta con potentes vientos de maldad y muerte, que se cierne espesa sobre el suelo latinoamericano.

             

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano

Martes, 12 de Febrero 2019

LA “TROIKA TIRÁNICA” LATINOAMERICANA

 El peligro del triángulo castrocomunista en América  

               

         

           La palabra “troica” (triada en español), refiere un trío de personas, instituciones u organizaciones. Así se definía en el argot de la comunidad internacional, el triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, se conocía como Troika NKVD, al Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos o antiguo servicio de inteligencia soviético, que se encargaba de atender todo lo atinente a la seguridad nacional y las comisiones de tres personas, que servían de instrumento de castigo extrajudicial en el mismo territorio.

           

             Dentro de la escala de acepciones, se incluyen además, con el término “troika” la denominación de una danza tradicional y de un tipo de trineo ruso. Pero el vocablo cobra especial importancia en boca del Consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional Jhon Bolton, al calificar recientemente como “troika tiránica” a las regiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con sistemas de gobierno comunistas, que cada vez más saltan a la palestra pública no por sus descubrimientos científicos o por sus índices de desarrollo, sino por sus nefastas estructuras de represión, hambre, pobreza y violación de los derechos humanos.

              

               La alusión del funcionario estadounidense lleva evidentemente el dardo preciso, dirigido a los falsos predicadores del igualitarismo económico social, apuntando al origen ruso de un término que de alguna manera, se asocia con la mano de hierro de la autoridad comunista contra los detractores. Claro está, la tríada de los tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua , es hija fiel y obediente de una poderosa potencia mundial, que no se caracteriza precisamente, por hacer gala de la vena democrática caras adentro.

           

               La “troika de la tiranía” denota amenaza. Una oscura sombra que cubre y asfixia a dos países de la América Central y a Venezuela, la primera nación que encabeza el mapa geográfico de América del Sur. No se necesita ser un experto para advertir, que la preocupación del gigante del Norte, tenga fundamentos por demás obvios como la primera potencia democrática del planeta.

             

               A veces choca entre los detractores del “imperio capitalista”, que Estados Unidos ostente un sólido régimen de libertades, con preeminencia de la ley ante todo y para todos. En esta tierra se puede salir adelante luchando intelectualmente, y lo más importante, obteniendo un beneficio directamente proporcional al ingenio propio y al reto profesional para consagrar metas que todos buscamos durante la vida, es decir, siempre hemos escuchado hablar del sueño americano, nunca del sueño ruso y mucho menos, de la calidad del desarrollo económico y social en los países satélite que ostentan el comunismo como sistema de gobierno.

           

                 Las raíces del comunismo de esta peligrosa “troika tiránica”, están plantadas en el semillero de la revolución cubana de 1959. Fidel Castro soñó siempre con constituir un bloque comunista con la excusa de hacer prevalecer la justicia social “obrera e igualitaria” por sobre el “capitalismo salvaje y opresor”, pagando eso sí, un altísimo precio en cuanto a libertad y respeto a la dignidad humana y sustituyendo el “temible libre mercado”, por la indecente fórmula comunal, donde todos deben producir lo que se les ordena y comer lo que se les da, entiéndase “racionamiento”. Los fusilamientos y cárcel a quienes se atreven a disentir del “mar de la felicidad” cubano (como lo llamo el inefable Hugo Chávez), siguen colocando a la isla caribeña como un permanente violador de los derechos humanos.

                       

                   Venezuela cayó en las manos de Hugo Chávez (y de los Castro) a través de la vía electoral en 1998, luego de que éste  fracasara en su intento de tomar el poder de facto en 1992. El “Comandante” venezolano, bastante escaso intelectualmente y emocionalmente vulnerable por sus complejos sociales, más que por su decadente ideología de pobreza y miseria, fue aprovechado al máximo por el dictador cubano, auspiciando la reforma de la Constitución de 1961 y castrando al Poder Judicial de hombres probos por sujetos con prontuario criminal, pero siempre  dispuestos a asentir los desvaríos del tirano.

                    El patrón ideologizante es siempre el mismo: los nobeles integrantes de la “troika tiránica” (Venezuela y Nicaragua) han ido desmontando la estructura del Estado, fortaleciendo el Poder Ejecutivo y sometiendo al Legislativo y al Judicial a sus designios. El resultado?, un oscurantismo medieval que se presenta con un marco de falsa legalidad, elecciones amañadas, burla perenne y recurrente a las críticas y a las realidades más lacerantes de hambre, enfermedad y penurias urbanas entre otras. La negación sistemática de lo obvio es tal, que ya causa un asco moral infinito entre los venezolanos que deben soportar las letanías revolucionarias cada día.

            Otra de las afectaciones más importantes, es la sumisión de la jerarquía militar, comprometidos en buena parte hasta los tuétanos de beneficios y prebendas. Hasta los uniformes fueron sustituidos en su diseño a semejanza del modelo cubano, un símbolo que no pasó inadvertido para muchos pero que fue acogido con beneplácito por los adulantes del “Comandante en Jefe”, ávidos de fortunas y ascensos. Los valientes, los no “troikos” que se plantan ante el atropello y la mediocridad, van siendo acorralados y/o degradados hasta su desactivación definitiva como células pensantes en la Fuerza Armada Venezolana.

                 

              En la misma línea y como complemento necesario a la presunta seguridad patria, la satrapía cubana recomienda la instauración de milicianos como fuerza paralela al ejército nacional. Tampoco actúan solos, sino con la connivencia de los llamados “colectivos” (fuertemente armados) y los “pranes”, que son los cabecillas de las bandas de delincuentes apertrechadas con fusiles de guerra y cualquier tipo de  artefacto bélico. Estos grupos, constituyen una fuerza paramilitar que abona el terreno de la intimidación a la sociedad civil.

                       

               En la actualidad, las ficciones y refriegas entre los soldados hambrientos y los generales que se alimentan opíparamente resultan inocultables. Cientos de militares de rango medio y bajo han solicitado sus “bajas del servicio armado”, otros, han tenido que abandonar la carrera militar al comprender, que la defensa de la soberanía patria, se ha convertido en un sinsentido ante la entrega sostenida y sin reparos de las instalaciones, los equipos, la logística y los sistemas de inteligencia en manos de los jerarcas de la Habana.

                 

                 Las concesiones mercenarias del acanallado régimen, dieron y siguen dando pié a miles de avisos de peligro a la comunidad internacional. Los grupos terroristas colombianos (FARC, ELN etc), las temidas células del Hezbollah libanés y del Hamas palestino, hacen vida con total impunidad en territorio venezolano. Cuesta creer que una realidad tan nefasta y tan oportunamente denunciada, no haya producido una respuesta contundente y sin aspavientos ante el asentamiento de grupos irregulares en un sector geoestratégico tan importante de la América del Sur. Un abanico de sanciones económicas y morales pretenden acorralar al régimen venezolano, el dictador empero, sigue allí,  grandilocuente, envanecido y desafiante.

               

                  La Troika tiránica ha llegado demasiado lejos. Lo que se consideró en su momento como “predicciones inflamadas” por parte de los defensores de la libertad, la justicia y la paz democrática, se transformó en un monumental problema gracias al desinterés, el abandono y la falta de toma de decisiones sin titubeos que en su momento debieron acometerse con determinación frente a la soberbia, los insultos y los coqueteos de los grupúsculos comunistas del triunvirato con los enemigos de Estados Unidos.

                La diplomacia anuncia siempre propósitos y acción. Venezuela se encuentra en un momento crucial. Las advertencias han sido dadas y el diagnóstico del caos político, social y económico y sus consecuencias, clama por acciones concretas, ya no declarativas, porque a los países democráticos de América con Estados Unidos a la cabeza, les toca ahora afrontar una tormenta con potentes vientos de maldad y muerte, que se cierne espesa sobre el suelo latinoamericano.

             

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano