jueves, 11 de julio de 2019


   Miércoles, 26 de junio 2019

 LA DEFENSA DE LAS DEFENSAS Y ENTRE ABOGADOS TE VEAS!,  

  Cada día, el ejercicio de la abogacía supone un riesgo aún mayor, aunado a la demonización de la profesión


                        Conforme las asociaciones y agrupaciones de juristas en general, siguen luchando denodadamente por afrontar la protección de los derechos humanos, el derecho a la defensa y la revalorización de los contenidos normativos y principios dogmáticos que estructuran el código deontológico de los abogados, se va haciendo cada vez más imperiosa la necesidad de afianzar los mecanismos de protección de los profesionales del derecho, particularmente, en las dictaduras, donde el estado de derecho brilla por su ausencia.

                        Durante el desarrollo del “V Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica” celebrado en Salamanca, España (2018), el Presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica (ASJURIB), Dr. Andrés Guerrero, abordó magistralmente el tema de “La Defensa de las Defensas”, iniciando su brillante intervención aludiendo al famoso dramaturgo William Shakespeare, en su drama: Rey Enrique VI, Parte II, (Acto 4), segunda escena, con la siguiente frase:

La Primera cosa que haremos es matar a todos los abogados…”

                        Y a continuación, explicaba el Dr. Andrés Guerrero que:

 “…En realidad, esta frase que ha sido utilizada humorísticamente para denostar a los Abogados, es el mejor homenaje que hizo el gran dramaturgo a nuestra profesión. La razón es simple: Para Shakespeare, los Abogados constituían un serio obstáculo para las tiranías, y de ahí que en su obra “Rey Enrique VI”, el personaje de El Carnicero (Dick The Butcher) propone su eliminación como unos de los primeros pasos a dar, ya que ha pactado una conspiración con Jack Cade, un rebelde que se apresta a instalar un gobierno tiránico…No es una coincidencia que, siglos más tarde, Napoleón Bonaparte quería “tirarlos todos al río”…Ni tampoco que, en su ascenso al poder total, Adolfo Hitler dijera: “No descansaré hasta que el pueblo alemán acepte que ser abogado es una vergüenza”. (1)
               
                La calificación del profesional del derecho es siempre negativa en los regímenes dictatoriales, porque los derechos que protege, suelen ser los que los tiranos más conculcan, con el añadido de suprimir y/o limitar derechos fundamentales a través de “normativas particulares” (Constituciones y otros) contra las cuales los abogados poco pueden hacer, so pena de poner en peligro sus propias vidas.

                En nuestra comunidad iberoamericana, países como Nicaragua, Venezuela, Cuba y Honduras, exhiben importantes violaciones de los derechos humanos, denunciadas incansablemente por juristas y valientes periodistas, cuyas profesiones ostentan ya el record de desapariciones.

                         De la mano de lo anterior, el flagelo de las grandes corruptelas ha acabado con los operadores de las instancias legales y subvalorado a los abogados, al punto de confundirse menciones como: abogado astuto, con abogado corrupto.  Indudablemente, un profesional del derecho debe estar provisto de conocimientos, habilidad e ingenio, que no deben confundirse con aquellos que lucen la impronta de la arbitrariedad y el soborno por los pasillos tribunalicios.

                La astucia es un elemento fundamental para el abogado, pero no debe entenderse en que para ser astuto, se deba ser corrupto y ello en plena conciencia del peligro que supone la administración de justicia en los narco Estados, donde Jueces y Fiscales deben soportar monumentales presiones poniendo en juego sus propias vidas o las de sus familias, si deciden sentenciar una causa conforme a derecho sin dejarse presionar y denunciando un intento de soborno.

               Si hay una profesión que como extensión y parte de las ciencias sociales, exige de sus agremiados cumplir y defender principios no sólo básicos, sino sublimes en el diario devenir de nuestras vidas,  es la  abogacía, aunque se rotule tantas veces al abogado con razón o sin ella, con la manida expresión: “entre abogados te veas”, destacando siempre las conductas aviesas de los profesionales del derecho en ejercicio. No obstante, el verdadero abogado, el que asume la protección de valores como la libertad, la independencia, la dignidad y la integridad de su actuar, con excelencia y en consonancia con los normas y principios deontológicos del derecho, desarrolla una actividad no exenta de peligros especialmente, cuando se trata de la protección de los derechos humanos.

                Durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana, Cuba (1990), se expusieron los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados” (2), en cuyo punto 17 establece : “…Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada…”. El acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que suele requerir el abogado para llevar una causa, constituye con no poca frecuencia en las dictaduras, motivos de detenciones y encarcelamiento y en el peor de los casos, la muerte del letrado o de su familia.

              En este contexto, vale la pena mencionar las palabras del Presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica en el ya mencionado Foro de Salamanca 2018, cuando señaló que a partir del año 2004, y por iniciativa del Colegio de Abogados de Mar de Plata, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estableció el día 06 de julio como el “Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado” expresando: “…Para todos los abogados y en especial para nosotros, la instauración de esta fecha constituye el “reconocimiento a la defensa inclaudicable de la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio y mantener la lucha contra el abuso de poder, sea este público o privado”.               

               El respeto al derecho a la defensa y a quién lo ejerce, es un deber que no admite cuestionamientos de procedencia y que requiere apoyo y protección al trabajo que desarrollan los abogados por hacerlo valer. En tal sentido, el papel vigilante de los Colegios Profesionales para producir el amparo necesario a los abogados, velando por su seguridad profesional y personal, es más necesario que nunca en regímenes de corte dictatorial.


(1) www.juristas proiberoamerica.org, Foro de Juristas, Resumen, Coclusiones y Declaración de  Salamanca, Mesa redonda 6, Pag.19.
(2) ONU, Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990)  


               
                         

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales de la Asociación  “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB)

Jurista y ciudadano Iberoamericano



Lunes, 3 de junio de 2019


LA MEDIACIÓN INTERNACIONAL EN IBEROAMERICA

  El papel de Noruega en su rol como “facilitador de paz” sugiere revisar algunos antecedentes y realidades en el tratamiento de los conflictos



                    Indudablemente, la mediación internacional es un mecanismo diplomático que busca establecer puentes de diálogo entre partes controvertidas con posiciones irreductibles. El Mediador no es un mero propiciador de buenos oficios, sino que debe desplegar una participación activa para abonar un terreno de negociación con propuestas y contrapesos puntuales, que apunten a un nivel aceptable de diálogo y aproximación.

                    Es necesario señalar, que la mediación diplomática tiene su asiento normativo en el Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, el cual contempla esta herramienta diplomática como un instrumento activo para el arreglo pacífico de las controversias (artículos 2.3 y 33.1-2). Este es un mecanismo de gran versatilidad en los que un tercero busca acceder a dos actores internacionales o a dos partes dentro del territorio de un sólo actor.  Este es el caso de las conversaciones de paz sostenidas desde hace mucho con los grupos guerrilleros latinoamericanos, con presuntas convicciones ideológicas de izquierda, pero con un profundo arraigo criminal asentado en el narcotráfico.

             Noruega asumió el rol de “facilitador” en el proceso de paz entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional (URNG) en Guatemala a partir de 1990.  El país nórdico integró el equipo de  varios países amigos por Guatemala, que se aunaron a las iniciativas de la Organización de Naciones Unidas, en el propósito de activar la mediación internacional. En ésta gestión diplomática, participó  también España junto a dos países latinoamericanos y Estados Unidos.  Para 1996, se firmaron en Oslo, una serie de acuerdos previos que concluyeron en un acuerdo de paz definitivo, suscrito ese mismo año.

             Otro antecedente importante de obligatoria mención, en la gestión de la diplomacia iberoamericana por parte de Noruega, fue su participación en el proceso se Paz colombiano a finales de 2012. Las conversaciones de paz se produjeron entre el gobierno de Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), partícipes de una despiadada guerra que dejó un saldo de un cuarto de millón de muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados. Luego de seis años de negociaciones, en 2016 se suscribió en La Habana, Cuba el acuerdo final de paz colombiano.

             Ahora, tres años más tarde, surge la reflexión necesaria con respecto acerca de la claridad en la aplicación de conceptos fundamentales que atañen a la diplomacia y al derecho. Negociar la paz no significa perdonar crímenes de lesa humanidad. El poder que detentan los grupos guerrilleros y paramilitares a la sombra del narcotráfico es fenomenal.

       En Colombia se creó la “justicia especial” para tratar precisamente, estos casos en los que los protagonistas, han pretendido obtener indulgencias a su actividad criminal, cubiertos con el manto de un acuerdo de paz. Pero saltaron las alarmas por cuanto recientemente, ha renunciado el Fiscal General de Colombia anteponiendo “su conciencia y su devoción al derecho” por sobre la órden de liberar a un ex comandante de las FARC, acusado del delito de narcotráfico por EEUU. Así pues, la diplomacia tiene su base en la legalidad y está por demás claro, que la persecución y apresamiento de los justiciables, no se negocia.

       La última participación de Noruega en Iberoamérica, como mediador internacional, se ha producido  con ocasión de dar tratamiento diplomático especial a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Los resultados, luego de varias rondas de negociación, han resultado negativos.

        La avalancha de críticas apunta precisamente, al hecho de pretender negociar con criminales que ganan tiempo en el poder y asfixian en su totalidad a un pueblo que sigue dejando el alma en la lucha por sobrevivir. Las gigantescas fortunas provenientes del crímen y la adopción de presuntas ideologías populistas, progresistas y hambreadoras, ya no son suficientes para sostener un imperio lleno de delitos con actores plenamente identificados. Tampoco puede ser el momento de “jugar” con la diplomacia, haciéndola poco creíble o amañada, como ocurre ahora con lo que fue el proceso de paz colombiano.

       La violación recurrente de los derechos humanos y la profundización de la crisis política, económica y social venezolana, no admite ya más dilaciones y mucho menos, negociaciones con expectativas totalmente falsas, como las que apuntan a la celebración de elecciones “transparentes” y salvoconductos para los capos que usurpan el gobierno de Venezuela.



Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales de la Asociación  “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB)

Jurista y ciudadano Iberoamericano