Temas Jurídicos y Sociales: marzo 2020

Viernes, 19 de Enero 2020

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ALGUNOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICAMÉRICA

El acecho del aumento de la conflictividad social, obliga a los órganos judiciales internacionales a optimizar aún más su gestión para evitar los atrasos procesales

Con motivo de la culminación del año 2019 y el inicio de 2020, comenzamos a contrastar y evaluar la gestión jurídica habida y por haber, de los asuntos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos en la región iberoamericana, a raíz de la secuencia de hechos políticos y sociales que han desbordado la gobernabilidad en algunos países latinoamericanos.

Una etapa tan convulsa como la que actualmente atraviesa buena parte del planeta, merece la previsión siempre oportuna de ajustar en la medida de lo posible, los instrumentos de actuación de las organizaciones avocadas al diagnóstico, tramitación y requerimientos de las causas que cada vez con más frecuencia, necesitan entes receptores prestos a canalizar las denuncias de los aludidos directamente por delitos de lesa humanidad y por todos aquellos, que revisten tipo penal de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional y particularmente, en el Estatuto de Roma cuyo glosario, siempre lo advertimos, no deja lugar a dudas al momento de calificar situaciones irregulares por parte de los funcionarios acusadores que operan en los tribunales internacionales.

Como quiera que las demandas sociales insatisfechas, siguen ocasionando un desbordamiento incontenible de algunas comunidades de la región, con la consecuente necesidad de mantener el orden público contra aquellos que aviesamente, aprovechan el caos social amparados en las manifestaciones legítimas, la represión también desbordada, sigue multiplicando la violación de los derechos humanos. Y seamos justos y objetivos, porque si bien la autoridad reprime con brutalidad en ocasiones, del mismo modo contemplamos atónitos una saña y una brutalidad reprobable contra los agentes encargados de velar por la seguridad de los manifestantes. En las últimas las protestas acaecidas en Santiago de Chile, dos policías salvaron la vida de milagro luego de ser impactados con material incendiario. Una cosa es el derecho a manifestar pacíficamente y la otra desbocarse en el ejercicio de un derecho para conculcar el de los demás.

Es menester revisar entonces, algunas cifras como abogados y juristas para monitorear en algunos casos, el número de casos que van generándose relacionados con la violación de los derechos humanos en la región. Las salas de los organismos judiciales internacionales, continúan trabajando a tope recibiendo un buen número de causas que requieren de informes previos para ser abiertas a trámite y que como ya sabemos, deberán transitar un largo camino procesal hasta que se produzcan sentencias definitivas, aunque también, como detallaremos más adelante, los mecanismos extrajudiciales están, siendo llevados con éxito por entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cuyas estrategias comentaremos luego de revisar la situación de algunos países.

Capítulo I

Venezuela

En Venezuela por ejemplo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dejó constancia en el conocido Informe Bachelet del 19 de Septiembre 2019, del aumento sostenido de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (57 casos) presuntamente cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) por citar tan sólo un dato (1). La fase diagnóstica de casos denunciados se multiplicó y ahora reposan debidamente documentados, en espera del un informe preliminar por parte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, de cuyas actuaciones, ya hemos manifestado nuestras observaciones en otras ocasiones. Demás está decir, que Venezuela se encuentra bajo una crisis muy compleja que arrolla los derechos humanos como una aplanadora, generando además un flujo migratorio convertido ya, en un verdadero dolor de cabeza con muestras xenófobas por parte de sus vecinos.

Una importante noticia que debemos resaltar, es que según la Resolución 42/35 emanada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), en fecha 8 de octubre de 2019, se creó una “Misión de determinación de Hechos” para Venezuela, pero no para continuar documentando la violación de derechos humanos como consta en el Informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, sino enfocada a establecer responsabilidades mediante la exhaustiva investigación de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el año 2014. Las “Misiones de Determinación de Hechos conjuntamente con las Comisiones de Investigación, buscan hacer frente a casos de graves de violación tanto al Derecho Internacional Humanitario como al Derecho Internacional de los derechos Humanos. (2)

De igual forma, debemos referir la publicación del Informe Anual contentivo de las actividades llevadas a cabo por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el período comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 relacionado con nueve causas, que conforman el examen preliminar necesario para proseguir con las investigaciones. El extracto de este importante documento, donde se destacan la historia procesal (cronología de los hechos investigados), actuaciones, conclusión y próximos pasos a seguir, puede consultarse como “II SITUACIONES BAJO LA FASE 2 (JURISDICCIÓN DE ASUNTO) VENEZUELA” en el enlace que se identifica a través de la referencia (3)

Colombia

Con respecto a las peticiones recibidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia figura como el lugar que acumula más causas en curso. De las 2.392 peticiones contra este país, 966 se encuentran abiertas a trámite y 1396 procesos pendientes del estudio inicial en la Comisión. Según un balance divulgado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Colombia ocupa el 24% de todas las causas en trámite de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero es importante advertir, que el agotamiento de los recursos internos para dirimir denuncias por violación de los derechos humanos, existe en este país suramericano, puntualizando el director de ANDJE que: …”No todos los casos que llegan a la Comisión son por temas fundamentales…La atención de demandas que no tienen relevancia sustancial desgasta al Estado, desgasta a la Comisión, deslegitima el sistema y le quita oportunidades reales a las víctimas de un problema de derechos humanos…” (4)

En este punto resulta oportuno señalar, que los esfuerzos del Estado colombiano ante las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe Anual 2018, pueden ubicarse por el lector en el Capítulo V de dicho instrumento en la referencia identificada como: “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL INFORME VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA”. El numeral 9 del precitado Informe expresa además: “…El 15 de marzo de 2019, la Comisión recibió las observaciones adicionales por parte del Estado de Colombia, sobre los cuales la CIDH consideró los puntos más relevantes, en particular, los relativos a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. El documento completo se anexa al presente Informe. El Informe Final fue aprobado por la Comisión el 16 de marzo de 2019…”.

Al momento de efectuar este análisis, Colombia atraviesa por una situación delicada debido al surgimiento de manifestaciones multitudinarias que adversan las políticas que pretende implantar el actual régimen de gobierno, lo que ocasionó en su momento, la declaración de toque de queda por parte de las autoridades y llamados al diálogo y conversaciones con diferentes sectores, en su intento por preservar la paz y la convivencia democrática dentro del estado de derecho. (5)

Chile

El último trimestre del año 2019 fue particularmente turbulento para Chile. Según los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), entre el 18 de Octubre y el 22 de Noviembre 2019, se han presentado “…más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que durante todo el año 2018…”. La Fiscalía chilena por su parte, ha informado de 30.000 personas llevadas a Audiencias de Control por la comisión de diferentes delitos. De la cifra anterior, 20.217 de los detenidos, tienen ya su imputación formalizada y 1957 que permanecen arrestados, permanecen en prisión preventiva. Igualmente, de los procesados, 20.525 tienen medidas restrictivas dictadas por los tribunales para prevenir y evitar alteraciones del orden público. (6)

Por lo demás, Chile y Argentina han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional por el grave delito de genocidio contra la etnia indígena Mapuche. Por la misma tipificación penal, ha sido igualmente denunciado el presidente de Brasil por parte de Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos de esa nación, por presuntamente: incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas. (7)

Ecuador

Como consecuencia de las manifestaciones sucedidas en este país entre el 3 y el 13 de Octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo Ecuatoriana informó en su momento de siete víctimas mortales, 1300 heridos y más de mil detenidos, dando inicio a una comisión especial para la investigación de presuntos actos violentos de violación de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresaron su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de la violencia por parte de manifestantes.

Conforme lo expresamente informado por la CIDH, la Comisión tomó nota de que: “… en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Según la información proporcionada por el Estado, 35 policías resultaron heridos. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. Al mismo tiempo, recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia…” (8). Decidimos reproducir este texto, porque consideramos necesario recalcar, que los defensores de los derechos humanos están para velar por la protección de los mismos, pero también para solicitar se “aíslen” a los infiltrados y a los violentos, que siempre se las amañan para entremezclarse entre los manifestantes que sí exponen pretensiones y demandas legítimas. Pareciera pues, que en estos casos, tiene vigencia el dicho: “En río revuelto, ganancia de pescadores”, o deberíamos decir quizá: de “delincuentes”?.

México

El fenómeno de la violencia en México, continúa preocupando a aquellos que denodadamente luchan por la protección de los derechos humanos en esta jurisdicción.

Recordamos la visita in loco efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2016 para la verificación in situ de diferentes situaciones irregulares. A la fecha, según la apreciación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, luego de su participación en el conversatorio sobre reparación integral de daño, en caso de violaciones graves a los derechos humanos, el funcionario aseveró que las muestras de la crisis con respecto al tema que nos ocupa en suelo mexicano, son: …”las más de 40 mil desapariciones registradas, las más de mil fosas detectadas en el país, la trata y la tortura que afectan los procesos de investigación”…, agregando además que:…”tenemos el problema de las agresiones a los comunicadores, las muertes de comunicadores, vamos de 153 desde 2000 para acá…” (sic) (9).

En cuanto a las expectativas con respecto al año 2020, la arriba mencionada fuente señaló que: ”…el presupuesto solicitado por la CNDH para 2020 fue de mil 911 millones de pesos, lo cual se mantuvo en el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, aún tendrá que ser aprobado en el Congreso de la Unión”.

Por lo demás, el gran reto para México se supedita a enfrentar con decisión y firmeza el poder de los carteles de la droga, cuyo poder corruptor y violencia sin límites, hace tambalear cualquier gobierno al poner en jaque a las instituciones del amedrentamiento y el sicariato.

Nicaragua

Nuestra visión de la situación de los derechos humanos en suelo nicaragüense, se concreta al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (A/HRC/42/18), publicado el 03 de septiembre de 2019, el cual dio respuesta a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, mediante la cual se solicitó a la funcionaria que preparara :”…un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua…”para ser presentado en el 42 período de sesiones”. Pues bien, de la revisión del mencionado documento, que abarca desde 19-08-2018 al 31-07-2019, concretamente de sus numerales 3 y 4, encontramos la siguiente mención:

3…“El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en Nicaragua del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, y toma como base la información recopilada por la OACNUDH, en Nicaragua, así como en Panamá y Costa Rica, a través, especialmente, de entrevistas realizadas a refugiados y migrantes nicaragüenses y entrevistas a distancia.
Durante el período que se examina, la OACNUDH realizó 187 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes, entre las cuales, abogados, periodistas y profesionales de la salud (96 hombres y 91 mujeres). Se realizaron 96 entrevistas a distancia y 91 presenciales. La OACNUDH también sostuvo 128 reuniones con varios actores, entre ellos funcionarios gubernamentales. Además, la OACNUDH analizó documentos de fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, tales como videos, fotos e informes procedentes de fuentes abiertas. Se enviaron al Ministerio de Relaciones Exteriores 37 comunicaciones, solicitando información detallada sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Gobierno respondió a seis de ellas, en particular a un cuestionario enviado por la OACNUDH con miras a la preparación del presente informe. La OACNUDH agradece al Gobierno por haber respondido a sus comunicaciones, pero hace notar que la mayor parte de la información facilitada carece de la precisión suficiente para un análisis adecuado…4) El análisis y la verificación de esta información aporta motivos suficientes para creer que los hechos ocurrieron tal como se describieron y que los patrones que se plantean en el informe constituyen violaciones a los derechos humanos. La OACNUDH evaluó esta información a la luz del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a Nicaragua y de la legislación nacional pertinente, teniendo en cuenta también instrumentos con estándares complementarios a las normas internacionales…” (resaltado nuestro)

Resulta por demás evidente, que es con los documentos fuente no gubernamentales que pudo llevarse acabo la redacción del Informe para sugerir entonces la legislación aplicable, por cuanto la información aportada por el Gobierno, cubrió tan sólo seis de las 37 solicitudes formuladas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bolivia

El importante momento político por el que atraviesa el Estado boliviano, nos obliga a revisar los comunicados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar, previo acceso a la documentación necesaria y a las entrevistas pertinentes con autoridades gubernamentales y civiles en general, la ocurrencia de hechos que podrían constituir violación a los DDHH. Así pues, mediante documento Nro.328/19 del 18-12-2019 (11), la Comisión anunció la creación de un grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en la realización de las investigaciones de los recientes hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Bolivia, así como la realización de una visita in loco a ese país.

En este caso, el gobierno boliviano se compromete a garantizar que los expertos tengan acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas con motivo de los hechos, el acceso a información pública así como a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir el análisis técnico formulando las recomendaciones que apunten a un Plan de Atención Integral de las Víctimas.

Dada la situación de permanente acoso y persecución a los defensores de los derechos humanos en otras latitudes iberoamericanas, no podemos menos que aplaudir la colaboración del Estado de Bolivia al facilitar todos los medios posibles al GIEI para investigar, diagnosticar, recomendar y corregir las fallas en atención a la calidad de vida que merece el pueblo boliviano en uso de los deberes y derechos que ofrece un estado de derecho perfectible.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en el comunicado que: “…la celebración de este Acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, construye un paso de gran importancia hacia el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, así como hacia la reparación integral y oportuna, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Hemos efectuado un breve recorrido por algunos países iberoamericanos examinando algunas estadísticas, medidas y procederes relacionados con la situación de los derechos humanos en sus respectivas jurisdicciones, pero, ante el aumento de denuncias que han de producirse a consecuencia del delicado estado en que se encuentra la democracia en América latina, es bueno señalar que como señalaremos a continuación la CIDH cuenta con mecanismos ágiles para dar curso a las peticiones y solicitudes que le son presentadas para asegurar un resultado idóneo en la tramitación de las mismas.

Capítulo II

Avances en la lucha por la defensa de los derechos humanos en la región

La CIDH y su decidida acción frente al atraso procesal

Ante el aumento de peticiones y casos que se presentan ante la CIDH, esta instancia internacional ha ido optimizando un sistema operativo desde 2017, para canalizar oportunamente las soluciones amistosas o extrajudiciales. En el año 2018 se publicó, con el apoyo financiero de España y la Unión Europea el documento “Impacto del Procedimiento de Solución Amistosa”, (OEA/Ser.L/V/II.167 Doc.31, 1 marzo 2018), en el cual se estructura y condensa. el conocimiento de las solicitudes. El Capítulo III literal C, aborda el tratamiento de las: Medidas de Satisfacción: verdad, memoria y justicia, reconocimiento de responsabilidad y aceptación pública de los hechos, búsqueda y entrega de los restos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima de violaciones de derechos humanos y aplicación de sanciones judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones, estableciendo en el literal D, lo atinente a la compensación económica de los afectados. (12)

A través de la presentación de una petición ante la CIDH, aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, tienen acceso a un procedimiento no contencioso contando con un instrumento de resolución a sus demandas. La Comisión Interamericana ha señalado: ” … Dicho sistema de peticiones y casos, es una herramienta fundamental para lograr justicia y reparación, combatir la impunidad y lograr reformas estructurales en la Ley, política y práctica…1.- Sin embargo, uno de los principales desafíos históricos que enfrenta la CIDH es reducir el atraso procesal en el sistema de peticiones y casos, ya que afecta las posibilidades de dar una respuesta oportuna a las personas que acuden al sistema interamericano a denunciar violaciones a sus derechos humanos. Varias han sido las causas del atraso procesal, siendo la principal, el aumento constante en la cantidad de peticiones que la CIDH recibe… Por otra parte, la Comisión extendió a la etapa de admisibilidad el plan piloto de adopción de informes en serie inicialmente adoptado para la etapa del fondo. Asimismo, decidió continuar avanzando en la simplificación de los informes de admisibilidad y fondo y en la acumulación de peticiones y casos cuando exista identidad entre las partes, hechos o patrones similares ” (resaltado nuestro) (Ref: (5)). El Plan Especial para superar el Retraso Procesal, cuya segunda etapa inició en 2018, tiene hoy, a raíz de los sucesos que acaecen en Iberoamérica, una gran importancia y una pertinencia indiscutible.

En la actualidad, el teatro de operaciones en la región latinoamericana, es permanentemente supervisado por la CIDH y demás organismos internacionales y sus recomendaciones, medidas y avisos y oportuna mediación ante la violación de los derechos humanos, fortalecen la incansable labor de advertir cada día, los hechos y situaciones que ameritan una atención perenne si queremos preservar los gobiernos democráticos que existen en la región.