miércoles, 22 de mayo de 2019


CONSIDERACIONES ACERCA DEL FLUJO MIGRATORIO VENEZOLANO
EN IBEROAMÉRICA

La Secretaría General Iberoaméricana (SEGIB), apuesta por una migración ordenada, segura y regulada.



A principios del mes de abril, fue celebrado en la (SEGIB) el evento: “El Pacto Mundial sobre Migraciones y sus oportunidades para Iberoamérica”. En el mismo se debatió sobre la necesidad de que la migración en todo el mundo sea ordenada, segura y regulada dentro de los marcos normativos regulatorios correspondientes.

Según la información aparecida en la WEB de esta importante…la Secretaria Grynspan, destacó el protagonismo del tema “Migración” en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en Antigua, Guatemala, recalcando la importancia de “…recuperar el enfoque de desarrollo cuando se habla de migración, situándolo en el marco de la agenda 2030.

 La Asociación de Juristas de Iberoamérica (ASJURIB) hizo hincapié en su momento, acerca del formidable problema que suponía el flujo migratorio venezolano para la región latinoamericana, con motivo del análisis de los puntos tratados y los objetivos propuestos por los representantes diplomáticos asistentes a la mencionada Cumbre diplomática, resaltando en nuestros comentarios, la disposición de los Jefes de Gobierno a avanzar hacia una “Agenda común iberoamericana de migraciones”.

El análisis del caso venezolano dentro del entorno latinoamericano, comienza a mostrar síntomas de rebosamiento por parte de algunas comunidades receptoras de emigrantes. Y es que el flujo de personas es muy grande en países fronterizos como Colombia y Brasil, los cuales tienen fronteras compartidas con Venezuela y por ende, mayor vulnerabilidad al enorme contingente humano que transita por una zona peligrosamente inflamada por la tensión entre nacionalidades y donde el migrante, suele pagar con su vida, sus ansias de encontrar un sitio donde sobrevivir, establecerse y progresar.

Pero más allá de esta cruda situación, el delegado de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, Fernando de la Mora, durante el evento de la SEGIB a que hicimos referencia, amén de proponer un “Pacto Mundial” para abordar la migración,  también expresó cifras por demás ilustrativas sobre el asunto al referir: “ No se puede entender el desarrollo sostenible sin la migración, ya que tiene un impacto en todos los ODS…En el mundo existen 258 millones de migrantes, un 3% de la población mundial. Son motor de desarrollo y generan un 9% del PIB mundial”. (1)  

La crisis migratoria venezolana, obedece a un abanico de calamidades compuesto de ingredientes socioeconómicos, políticos, inseguridad y violencia que se ha transformado en una fórmula indigerible que asfixia a la población hasta obligarla a escapar irremediablemente.

La mayor concentración de venezolanos que huyen se encuentra en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Siempre hubo destinos tradicionales como EEUU y España, pero esto ha ido cambiando con el transcurso decadente de la revolución chavista-madurista y redefiniendo un nuevo rumbo para los migrantes hacia países como Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay.

De igual forma, las islas del Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire, República Dominicana y Trinidad y Tobago han recibido a un gran número de venezolanos pero también ha restringido su entrada y expulsado a no pocos. Curazao ha deportado a 1.203 venezolanos luego de una feroz campaña de expulsiones que negó el carácter de refugiados a la mayoría de los migrantes.Y con un flujo no menos importante, encontramos a Australia, Bolivia, Francia, Guyana, Italia, Países Bajos, Paraguay, Portugal y Reino  Unido. (2)  

                 Según la Organización de Estados Americanos y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), la tercera ola migratoria venezolana es el éxodo más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años.

Sólo para darnos una idea, los inmigrantes venezolanos en Latinoamérica se incrementaron en un 900%, vale decir, de 89.000 a 900.000 personas entre 2015 y 2017. El año 2018 fue en extremo fuerte con la profundización de la crisis de Venezuela puertas adentro. Las estimaciones arrojan unos 5.000 venezolanos que  diariamente abandonan el territorio nacional aunque el Régimen madurista, niegue repetidamente esta realidad inocultable.

        El abarrotamiento de personas adicionales (migrantes) colapsando en ocasiones los servicios públicos de los países receptores fronterizos, es una cruda realidad que causa no poca desazón entre los pobladores de los gobiernos afectados por el flujo migratorio. Así tenemos lo sucedido en Agosto de 2018 en el Estado de Roraima (Brasil), cuando tuvieron que declarar un cierre temporal de la frontera porque no les era posible controlar la enorme masa de venezolanos que llegaba diariamente al país.

La jurisdicción ordinaria brasileña, a través del Juez Helder Girao Barreto, ordenó suspender el “ingreso” terrestre de  los venezolanos, pero esta sentencia fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo de Brasil, aseverando éste que la prohibición acordada, era contraria a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales suscritos por la República Federativa. (3)

En Colombia se han producido situaciones de tensión entre algunos poblados cuyos moradores han visto en peligro las viviendas ofrecidas por su gobierno ante la necesidad de dotar de refugios a las personas desplazadas.

En las ciudades fronterizas de Cúcuta y Arauca, se han hecho patentes insultos y amenazas a través de volantes contra los “venecos” (venezolanos), según las autoridades que conocen del asunto. Los grupos involucrados en el amedrentramiento ostentan importantes antecedentes penales y son en extremo peligrosos.

Los tres principales grupos irregulares que cohabitan en la frontera colombo venezolana son: En primer término, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que es una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda, admiradora de la revolución cubana y al mando de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; en segundo término, el llamado Clan del Golfo, considerada una organización criminal paramilitar, que forma parte de  de las llamadas Organizaciones Integradas al Narcotráfico (OIN) y por último, el Grupo de Limpieza Social del Arauca, un título por demás sugestivo al que no agregaremos mayor comentario. (4)

En Ecuador, las fricciones entre los emigrantes venezolanos y los nacionales de este país, también van llegando a una realidad límite, durante el mes de enero del presente año, aparecieron igualmente amenazas contra los desplazados en Ipiales, lo que puede traducirse en batallas campales como las que ya se han producido en los campamentos de refugiados en Brasil.

Podríamos enumerar muchas situaciones de índole similar, todas con el factor común de la diáspora venezolana huyendo a pie por tierra, enfrentando muchas adversidades y poniendo en juego la vida, porque lamentablemente, ya hay reportes de víctimas mortales en algunas de las zonas mencionadas.

Sólo nos queda apoyar decididamente, la pronta resolución del conflicto venezolano, con la seguridad, de que gran parte de la población desplazada, regresará a su Patria si le son ofrecidas condiciones dignas de subsistencia y reintegración a la sociedad.



Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano



(3 y 4) Ibidem



GESTIÓN DIPLOMÁTICA Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES

  El desfalco al erario público venezolano se estima en más de trescientos cincuenta mil millones de dólares desde 1999


Los diagnósticos aportados por los expertos en el área de economía y finanzas acerca de la hecatombe financiera venezolana, ha generado propuestas concretas para intentar sacar a flote en un plazo de tiempo estimado, una economía con la impronta del nefasto “socialismo del siglo XXI”.

La restitución al tesoro nacional de los dineros públicos saqueados por la corrupción rampante del Chavismo-Madurismo, no es una opción sino una necesidad en un País con una producción petrolera menguada debido a la falta de mantenimiento e inversión  y un desplome de su producto interno bruto sin precedentes.

Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea,  han potenciado su vigilancia como policías globales en la detección de dinero sucio que muchas veces se asoma a través de las lujosas extravagancias que ostentan los nuevos ricos “socialistas”, ahora prestos a aseverar que lo de Venezuela es una dictadura, para tratar de comprar indulgencias ante la severidad de la justicia internacional que los imputa por legitimación de capitales  (lavado de dinero) entre otros delitos.

 Estados Unidos está a la cabeza no sólo de la detección de capitales de origen sospechoso, sino de vigilar, con posterioridad, que el dinero repatriado no sea dilapidado nuevamente. Así, desde el año 2010 mediante la “Iniciativa de Kleptocracy del Instituto Hudson, se estudia la amenaza corrosiva para la democracia estadounidense y la seguridad nacional, que representan la corrupción importada y los flujos financieros ilícitos de los regímenes autoritarios.”(1)

De manera que la primera fase, la de la ubicación de los activos y el inmediato bloqueo de cuentas bancarias e incautación de bienes muebles, inmuebles y títulos valores, se sigue produciendo allí donde se han detectado fortunas cuya procedencia, sus propietarios no pueden justificar legalmente: La ostentación, los lujos y el derroche los delatan constantemente.

Bueno es acotar, que las resoluciones judiciales correspondientes, una vez agotados los recursos procesales de apelación ante las instancias respectivas, podrían dar lugar a la esperada repatriación de buena parte del dinero mal habido por los capos venezolanos, sin embargo, es menester advertir que el proceso de repatriación suele ser lento y supeditado a la decisión de los tribunales que conocen los casos judicialmente.

 En cuanto a la repatriación del capital en sí, la Convención de la ONU contra la Corrupción señala que el dinero debe ser devuelto al país víctima sin condiciones. Pero varios países incluyendo los EEUU, Reino Unido y Suiza han insistido, en general, en imponer condiciones para garantizar que el dinero no sea robado de nuevo: “A veces, es más fácil devolver el dinero, especialmente cuando ha habido un cambio en el poder. El año pasado, el Departamento de Justicia devolvió $ 1 millón a Corea del Sur que fue presuntamente robado por un presidente anterior, Chun Doo-hwan”. (2)


Indudablemente en estos casos, la activación de los cancilleres de los países afectados y de los embajadores acreditados en los países donde se ventilan juicios por legitimación de capitales producto de la corrupción o del narcotráfico, es la segunda fase fundamental para el seguimiento y concreción de los resultados finales para materializar el retorno del capital objeto de juicio que ha sido incautado.

Las sumas que configuran la cuantía de los casos de corrupción son cada vez más elevadas y el caso de Venezuela, considerada como del tercer mundo, se enmarca dentro de la iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (STAR por sus siglas en ingles) del Banco Mundial, según la cual, se estima que entre $20 y $40 mil millones son robados anualmente de países en desarrollo. Otros aseguran que la cifra podría ascender a $1 billón.

Estados Unidos ha asumido públicamente un rol de total apoyo a Venezuela para recuperar 2.4 mil millones de dólares que su Departamento del Tesoro ha identificado como dinero sucio proveniente de depósitos directos y otros negociados de funcionarios corruptos del gobierno venezolano.(3)     


Es por ello, que las iniciativas diplomáticas iberoamericanas, deben constituirse en un complemento necesario a través de comisiones específicamente designadas por los Cancilleres para hacer seguimiento de inversiones a todas luces fraudulentas y colaborar con los entes que llevan a cabo las investigaciones sobre hechos de corrupción, informando a sus respectivos gobiernos, los movimientos migratorios de los jerarcas corruptos, la ubicación de capitales objeto de bloqueos (cuentas bancarias) y una terna de los procesos de repatriación de activos con la debida estimación de su cuantía y tiempo estimado de devolución.

Por supuesto que la arriba señalada es una tarea ardua, meticulosa y onerosa, pero está en juego el presente y el futuro de una Nación y el soporte legal se halla contenido en los Protocolos internacionales presentados en la Convención de la ONU contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por Venezuela en 2009.

Como alcance de la normativa internacional mencionada anteriormente, en Enero del presente año, fue aprobada en primera discusión por la legislatura venezolana, la creación del Fondo de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción en sesión ordinaria. Opinamos que este es un paso importante para estructurar el plan de acción diplomática que ha de actuar de la mano de la Comisión legislativa creada a tal fin y que deberá establecer los puentes y canales de comunicación con otros gobiernos de Iberoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, pues la labor de recuperar el dinero mal habido, implica la participación de las administraciones federales y de los sistemas bancarios de otros países.

La dinámica de los acontecimientos en Latinoamérica, con varios expresidentes enjuiciados por presuntos hechos de corrupción a los que se les vincula directamente, la caída de las caretas de los protagonistas del régimen madurista dejando al descubierto fortunas que dejan perplejos a los investigadores y las amenazas del dictador venezolano haciéndose el mártir y movilizando a sus fronteras miles de militares y milicianos para “enfrentar” tanta “agresión imperialista” (investigaciones por narcolavado), son indicadores de que la persecución a los criminales va por buen camino.

Ahora más que nunca, ante algunas posiciones internacionales  que lejos de ser prudentes y comedidas, lucen más bien timoratas y pusilánimes aupando el pacifismo para dialogar con delincuentes en vez de aupar la persecución de los culpables y la incautación de capitales producto de la corrupción, tiene más vigencia que nunca la frase del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, cuando expresó: “Primero la verdad que la paz”.



Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano