GESTIÓN DIPLOMÁTICA Y REPATRIACIÓN DE
CAPITALES
El desfalco al erario público venezolano se
estima en más de trescientos cincuenta mil millones de dólares desde 1999
Los diagnósticos
aportados por los expertos en el área de economía y finanzas acerca de la
hecatombe financiera venezolana, ha generado propuestas concretas para intentar
sacar a flote en un plazo de tiempo estimado, una economía con la impronta del
nefasto “socialismo del siglo XXI”.
La restitución
al tesoro nacional de los dineros públicos saqueados por la corrupción rampante
del Chavismo-Madurismo, no es una opción sino una necesidad en un País con una producción
petrolera menguada debido a la falta de mantenimiento e inversión y un desplome de su producto interno bruto
sin precedentes.
Estados Unidos,
Reino Unido, Suiza y la Unión Europea, han
potenciado su vigilancia como policías globales en la detección de dinero sucio
que muchas veces se asoma a través de las lujosas extravagancias que ostentan
los nuevos ricos “socialistas”, ahora prestos a aseverar que lo de Venezuela es
una dictadura, para tratar de comprar indulgencias ante la severidad de la
justicia internacional que los imputa por legitimación de capitales (lavado de dinero) entre otros delitos.
Estados Unidos está a la cabeza no sólo de la
detección de capitales de origen sospechoso, sino de vigilar, con posterioridad,
que el dinero repatriado no sea dilapidado nuevamente. Así, desde el año 2010 mediante la “Iniciativa de Kleptocracy
del Instituto Hudson, se estudia la amenaza corrosiva para la democracia
estadounidense y la seguridad nacional, que representan la corrupción importada
y los flujos financieros ilícitos de los regímenes autoritarios.”(1)
De manera que la primera fase, la de la
ubicación de los activos y el inmediato bloqueo de cuentas bancarias e
incautación de bienes muebles, inmuebles y títulos valores, se sigue
produciendo allí donde se han detectado fortunas cuya procedencia, sus
propietarios no pueden justificar legalmente: La ostentación, los lujos y el
derroche los delatan constantemente.
Bueno es acotar, que las resoluciones
judiciales correspondientes, una vez agotados los recursos procesales de
apelación ante las instancias respectivas, podrían dar lugar a la esperada
repatriación de buena parte del dinero mal habido por los capos venezolanos,
sin embargo, es menester advertir que el proceso de repatriación suele ser
lento y supeditado a la decisión de los tribunales que conocen los casos
judicialmente.
En cuanto a la repatriación del capital en sí,
la Convención de la ONU contra la Corrupción señala que el dinero debe ser
devuelto al país víctima sin condiciones. Pero varios países incluyendo los
EEUU, Reino Unido y Suiza han insistido, en general, en imponer condiciones
para garantizar que el dinero no sea robado de nuevo: “A veces, es más fácil
devolver el dinero, especialmente cuando ha habido un cambio en el poder. El
año pasado, el Departamento de Justicia devolvió $ 1 millón a Corea del Sur que
fue presuntamente robado por un presidente anterior, Chun Doo-hwan”. (2)
Indudablemente en estos casos, la
activación de los cancilleres de los países afectados y de los embajadores
acreditados en los países donde se ventilan juicios por legitimación de
capitales producto de la corrupción o del narcotráfico, es la segunda fase
fundamental para el seguimiento y concreción de los resultados finales para
materializar el retorno del capital objeto de juicio que ha sido incautado.
Las sumas que configuran la cuantía de
los casos de corrupción son cada vez más elevadas y el caso de Venezuela,
considerada como del tercer mundo, se enmarca dentro de la iniciativa para la
Recuperación de Activos Robados (STAR por sus siglas en ingles) del Banco Mundial,
según la cual, se estima que entre $20 y $40 mil millones son robados
anualmente de países en desarrollo. Otros aseguran que la cifra podría ascender
a $1 billón.
Estados Unidos ha asumido públicamente
un rol de total apoyo a Venezuela para recuperar 2.4 mil millones de dólares
que su Departamento del Tesoro ha identificado como dinero sucio proveniente de
depósitos directos y otros negociados de funcionarios corruptos del gobierno
venezolano.(3)
Es por ello, que las iniciativas
diplomáticas iberoamericanas, deben constituirse en un complemento necesario a
través de comisiones específicamente designadas por los Cancilleres para hacer
seguimiento de inversiones a todas luces fraudulentas y colaborar con los entes
que llevan a cabo las investigaciones sobre hechos de corrupción, informando a
sus respectivos gobiernos, los movimientos migratorios de los jerarcas
corruptos, la ubicación de capitales objeto de bloqueos (cuentas bancarias) y
una terna de los procesos de repatriación de activos con la debida estimación
de su cuantía y tiempo estimado de devolución.
Por supuesto que la arriba señalada es
una tarea ardua, meticulosa y onerosa, pero está en juego el presente y el
futuro de una Nación y el soporte legal se halla contenido en los Protocolos
internacionales presentados en la Convención de la ONU contra la Corrupción,
aprobada en 2003 y ratificada por Venezuela en 2009.
Como alcance de la normativa
internacional mencionada anteriormente, en Enero del presente año, fue aprobada
en primera discusión por la legislatura venezolana, la creación del Fondo de
Recuperación de Activos Producto de la Corrupción en sesión ordinaria. Opinamos
que este es un paso importante para estructurar el plan de acción diplomática
que ha de actuar de la mano de la Comisión legislativa creada a tal fin y que
deberá establecer los puentes y canales de comunicación con otros gobiernos de
Iberoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, pues la labor de recuperar el
dinero mal habido, implica la participación de las administraciones federales y
de los sistemas bancarios de otros países.
La dinámica de los acontecimientos en
Latinoamérica, con varios expresidentes enjuiciados por presuntos hechos de
corrupción a los que se les vincula directamente, la caída de las caretas de
los protagonistas del régimen madurista dejando al descubierto fortunas que
dejan perplejos a los investigadores y las amenazas del dictador venezolano
haciéndose el mártir y movilizando a sus fronteras miles de militares y
milicianos para “enfrentar” tanta “agresión imperialista” (investigaciones por
narcolavado), son indicadores de que la persecución a los criminales va por
buen camino.
Ahora más que nunca, ante algunas
posiciones internacionales que lejos de
ser prudentes y comedidas, lucen más bien timoratas y pusilánimes aupando el
pacifismo para dialogar con delincuentes en vez de aupar la persecución de los
culpables y la incautación de capitales producto de la corrupción, tiene más
vigencia que nunca la frase del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno,
cuando expresó: “Primero la verdad que la paz”.
Abogado
César Enrique López Bacaicoa.
Miembro del
Comité Coordinador de la
Comisión
Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y
Gremiales
Jurista y
ciudadano Iberoamericano
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