Lunes, 3 de junio de 2019
LA MEDIACIÓN
INTERNACIONAL EN IBEROAMERICA
El papel
de Noruega en su rol como “facilitador de paz” sugiere revisar algunos
antecedentes y realidades en el tratamiento de los conflictos
Indudablemente,
la mediación internacional es un mecanismo diplomático que busca establecer
puentes de diálogo entre partes controvertidas con posiciones irreductibles. El
Mediador no es un mero propiciador de buenos oficios, sino que debe desplegar
una participación activa para abonar un terreno de negociación con propuestas y
contrapesos puntuales, que apunten a un nivel aceptable de diálogo y
aproximación.
Es
necesario señalar, que la mediación diplomática tiene su asiento normativo en
el Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, el cual contempla esta herramienta
diplomática como un instrumento activo para el arreglo pacífico de las
controversias (artículos 2.3 y 33.1-2). Este es un mecanismo de gran
versatilidad en los que un tercero busca acceder a dos actores internacionales
o a dos partes dentro del territorio de un sólo actor. Este es el caso de las conversaciones de paz
sostenidas desde hace mucho con los grupos guerrilleros latinoamericanos, con
presuntas convicciones ideológicas de izquierda, pero con un profundo arraigo
criminal asentado en el narcotráfico.
Noruega
asumió el rol de “facilitador” en el proceso de paz entre el gobierno
guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional (URNG) en Guatemala a partir
de 1990. El país nórdico integró el
equipo de varios países amigos por
Guatemala, que se aunaron a las iniciativas de la Organización de Naciones
Unidas, en el propósito de activar la mediación internacional. En ésta gestión
diplomática, participó también España
junto a dos países latinoamericanos y Estados Unidos. Para 1996, se firmaron en Oslo, una serie de
acuerdos previos que concluyeron en un acuerdo de paz definitivo, suscrito ese
mismo año.
Otro
antecedente importante de obligatoria mención, en la gestión de la diplomacia
iberoamericana por parte de Noruega, fue su participación en el proceso se Paz
colombiano a finales de 2012. Las conversaciones de paz se produjeron entre el
gobierno de Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC), partícipes de una despiadada guerra que dejó un saldo de un cuarto de
millón de muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados. Luego de
seis años de negociaciones, en 2016 se suscribió en La Habana, Cuba el acuerdo
final de paz colombiano.
Ahora, tres
años más tarde, surge la reflexión necesaria con respecto acerca de la claridad
en la aplicación de conceptos fundamentales que atañen a la diplomacia y al
derecho. Negociar la paz no significa perdonar crímenes de lesa humanidad. El
poder que detentan los grupos guerrilleros y paramilitares a la sombra del
narcotráfico es fenomenal.
En Colombia se
creó la “justicia especial” para tratar precisamente, estos casos en los que
los protagonistas, han pretendido obtener indulgencias a su actividad criminal,
cubiertos con el manto de un acuerdo de paz. Pero saltaron las alarmas por
cuanto recientemente, ha renunciado el Fiscal General de Colombia anteponiendo
“su conciencia y su devoción al derecho” por sobre la órden de liberar a un ex
comandante de las FARC, acusado del delito de narcotráfico por EEUU. Así pues,
la diplomacia tiene su base en la legalidad y está por demás claro, que la
persecución y apresamiento de los justiciables, no se negocia.
La última participación
de Noruega en Iberoamérica, como mediador internacional, se ha producido con ocasión de dar tratamiento diplomático
especial a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Los resultados, luego de
varias rondas de negociación, han resultado negativos.
La avalancha de
críticas apunta precisamente, al hecho de pretender negociar con criminales que
ganan tiempo en el poder y asfixian en su totalidad a un pueblo que sigue
dejando el alma en la lucha por sobrevivir. Las gigantescas fortunas provenientes
del crímen y la adopción de presuntas ideologías populistas, progresistas y
hambreadoras, ya no son suficientes para sostener un imperio lleno de delitos
con actores plenamente identificados. Tampoco puede ser el momento de “jugar”
con la diplomacia, haciéndola poco creíble o amañada, como ocurre ahora con lo
que fue el proceso de paz colombiano.
La violación
recurrente de los derechos humanos y la profundización de la crisis política,
económica y social venezolana, no admite ya más dilaciones y mucho menos,
negociaciones con expectativas totalmente falsas, como las que apuntan a la
celebración de elecciones “transparentes” y salvoconductos para los capos que
usurpan el gobierno de Venezuela.
Abogado
César Enrique López Bacaicoa.
Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales de la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB)
Jurista y ciudadano Iberoamericano
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