lunes, 13 de diciembre de 2021

 

Lunes 20 de Octubre de 2021

 

LA  DIPLOMACIA EN IBEROAMÉRICA: CUMBRES, DIÁLOGOS Y EXPECTATIVAS

 

La  diplomacia como instrumento regulador de las relaciones internacionales: habilidad, sagacidad y convicción democrática

 

Nota: El presente trabajo contiene un extracto de algunos artículos anteriores publicados relacionados con el tema en cuestión, con comentarios adicionales de actualidad.

 

 

El revuelo que suponen los sesgos ideológicos, la anomia social, el torrente migratorio venezolano, la violación recurrente de los Derechos Humanos y el temor de los inversionistas reflejado en la estampida de capitales foráneos, han configurado un bodrio de circunstancias adversas que claman por interlocutores  preparados y capaces de establecer, desarrollar y sostener, propuestas que vayan más allá de las declaraciones retóricas y alambicadas, que si bien pueden asomar una posición determinada en un momento preciso, no se traducen en acción concreta y solidaria con posterioridad.

 

La activación del brazo derecho de la política, la diplomacia, tiene un papel preponderante para mitigar tensiones, para llevar a buen fin negociaciones y acuerdos que ayuden a superar la penosa situación por la que atraviesan algunos países de la región, alejados de la democracia y el Estado de Derecho con un pasmoso efecto contaminante.

 

Grupos de apoyo y Cumbres Iberoamericanas

 

Estamos precisamente, en una fase en que se han aunado esfuerzos a través de un concierto de voluntades para estructurar un frente de apoyo permanente que ayude a salir a flote a los países del atasco dictatorial. Pese a las críticas, el Grupo de Lima, ha sido ejemplo  del ejercicio de una diplomacia valiente y solidaria constituida “ad hoc” para hacer frente al descalabro económico, político y social en que se encuentra sumida la cuna de Simón Bolívar. (1)  

 

En el cauce del río diplomático, podemos delimitar varias vertientes en la vista de los elementos que estructuran la actual diplomacia iberoamericana, la diplomacia de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y la cultural, como instrumento de vinculación estable y paz duradera (2). La escisión entre ambas nos resulta necesaria, si bien, en su contexto, son de valor e importancia semejantes.

 

 

La comprensión de los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por las diferentes legaciones, por instrucciones de los Jefes de Estado a través de sus cancilleres, embajadores etc, para conjurar fenómenos geopolíticos, impone observar, qué temas provocan reacciones convulsivas en las relaciones internacionales para sumar voluntades integradoras y de apoyo multilateral en el escenario político de una región que permea sus problemas con trascendencia indudable, más allá de zonas fronterizas vecinales. El asunto fronterizo venezolano por ejemplo, amén de llevar casi al colapso el sistema de seguridad social en la zona fronteriza con Colombia, también ha desatado brotes xenófobos en países como Chile, Panamá, Curazao, Trinidad y algunos europeos que empiezan a endurecer las solicitudes de asilo y refugio a los inmigrantes (3).  

 

Tal como referimos en anterior publicación relacionada con la última Cumbre Iberoaméricana celebrada en Andorra (2021),  la reunión de Jefes de Estado fue el resultado de un plan de trabajo llevado con constancia, dedicación y eficiencia por parte de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) durante los dos años posteriores a la Cumbre de Guatemala, donde no sólo se impulsaron los mecanismos diplomáticos necesarios para construir la base del diálogo, la concertación y la complementaridad entre países, sino que se  propiciaron y establecieron puentes para la práctica y afianzamiento del multilateralismo y de la innovación, para enfrentar y resolver dificultades comunes a la mayoría de los miembros de la comunidad iberoamericana.

 

La Cumbre Iberoamericana  de Andorra (2021) ha servido para ahondar en el asunto y a través de propuestas concretas de España y Argentina, entre otros, se ha propuesto recapitalizar bancos de desarrollo y evaluar los Derechos Especiales de Giro (no representan deuda) como mecanismo dispuesto por el Fondo Monetario Internacional para obtener los recursos económicos necesarios y poder avanzar en la meta prevista en la Agenda 2030, porque tal y como quedó sentado en la intervenciones de los ilustres invitados y de la Secretaria de la SEGIB Rebeca Grynspan, “No hay desarrollo sostenible si no se enfrentan los retos estructurales…”y estamos claros en que con economías depauperadas, no se pueden establecer planes de desarrollo sostenible. En este contexto y no menos importante, es la propuesta de creación del Fondo Iberoamericano de Garantías Recíprocas como fuente de sostén y apoyo permanente que permita mejorar sustancialmente la cooperación Sur – Sur.

 

        De manera que es por demás plausible, el interés por atender con propuestas concretas y promisorias, los asuntos que atañen al área de deuda pública y financiamiento, empero es ineludible monitorear los eventos geopolíticos y el reacomodo del escenario internacional en cuanto al tutelaje político y/o económico de las grandes potencias con respecto a áreas sensibles por su ubicación estratégica, sus riquezas (materias primas) y la estabilidad interna de determinados países que podrían poner en entredicho, los dos primeros intereses mencionados.

 

 

 

El rol de los mediadores internacionales

 

        Es necesario señalar, que la mediación diplomática tiene su asiento normativo en el Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, el cual contempla esta herramienta diplomática como un instrumento activo para el arreglo pacífico de las controversias (artículos 2.3 y 33.1-2). Este es un mecanismo de gran versatilidad en los que un tercero busca acceder a dos actores internacionales o a dos partes dentro del territorio de un sólo actor.

 

 

En el asunto de las conversaciones de paz sostenidas desde hace mucho con los grupos guerrilleros latinoamericanos, con presuntas convicciones ideológicas de izquierda, pero con un profundo arraigo criminal asentado en el narcotráfico. Noruega asumió el rol de “facilitador” en el proceso de paz entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional (URNG) en Guatemala a partir de 1990. El país nórdico integró el equipo de varios países amigos por Guatemala, que se aunaron a las iniciativas de la Organización de Naciones Unidas, en el propósito de activar la mediación internacional.

 

En la gestión diplomática arriba mencionada, participó también España junto a dos países latinoamericanos y Estados Unidos. Para 1996, se firmaron en Oslo, una serie de acuerdos previos que concluyeron en un documento de paz definitivo, suscrito ese mismo año.

 

Otro antecedente importante de obligatoria mención, en la gestión de la diplomacia iberoamericana por parte de Noruega, fue su participación en el proceso se Paz colombiano a finales de 2012. Las conversaciones de paz se produjeron entre el gobierno de Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), partícipes de una despiadada guerra que dejó un saldo de un cuarto de millón de muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados.

 

Luego de seis años de negociaciones, en 2016 se suscribió en La Habana, Cuba el acuerdo final de paz colombiano. Ahora, tres años más tarde, surge la reflexión necesaria con respecto acerca de la claridad en la aplicación de conceptos fundamentales que atañen a la diplomacia y al derecho. Negociar la paz no significa perdonar crímenes de lesa humanidad. El poder que detentan los grupos guerrilleros y paramilitares a la sombra del narcotráfico es fenomenal. (4)    

 

 

Actualmente se llevan a cabo en México, procesos de diálogo entre representantes del régimen venezolano y del bloque opositor al mismo y aunque la visión de muchos continúa haciendo hincapié en un asunto capital en materia de legitimidad, más concretamente, si la presencia en una mesa de negociación convalida y legitima la capacidad jurídica de uno de los actores fundamentales con gravísimas acusaciones la violación recurrente de los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad. La primera orientación de cualquier legación diplomática, en el cumplimiento de una misión tan delicada y urgente como lo es la reconstrucción del depauperado Estado venezolano, no puede ser otra que establecer puentes a través de sus representantes para el definitivo cese de la situación calamitosa que viven millones de ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. La activación del Trato Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

 

Recordemos que luego del retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Venezuela, por parte de la entonces Ministro de Relaciones Exteriores (2017), acusándola de efectuar presuntamente …“acciones intrusivas contra la soberanía, se produjo la reversión de este hecho debido a que: …”por votación en la OEA, la mayoría de los países reconoció a Juan Guaidó como presidente  interino de su país …El 29 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, aprobó en una primera discusión el retorno del país al TIAR…” (5). Toca pues la representación diplomática del gobierno interino, trabajar con tesón y sin dilaciones para que se cumpla el cometido legislativo. Por lo demás, en agosto de 2019 se informó la incorporación oficial de Venezuela ante la OEA.

 

Lo cierto es que, en la actualidad latinoamericana, el papel de terceros negociadores en situaciones por demás difíciles, debe obedecer siempre y sin excepciones, a la protección y defensa de los Derechos Humanos, máximo cuando cualquiera de las partes se encuentra incursa en delitos de lesa humanidad, debidamente investigados y cotejados con un procedimiento judicial ante la Corte Penal Internacional. La vida, la libertad y todo lo que estos derechos conlleva, no son negociables. Cualquier alejamiento de esta verdad incontrastable, sólo genera sospechas que nunca pueden ser solapadas bajo la sombra de intereses económicos o comerciales y menos cuando por añadidura, las denuncias de corruptelas gravitan alrededor de las partes interesadas. Ningún tercero negociador puede allanar a través de la diplomacia, conductas que la Comunidad Internacional ha denunciado como irregulares ante los Organismos internacionales.

 

 

La Unión Europea y España en su rol preponderante en la diplomacia iberoamericana

 

 

Unión Europea

 

La escritura de estas reflexiones ha coincidido con el Día de la Hispanidad, por lo que resulta ineludible mencionar, que el primer agente dinamizador con que cuenta Iberoamérica para consolidar un apoyo más que necesario en algunas de las antiguas colonias españolas, es precisamente el profundo arraigo cultural, las relaciones bilaterales consolidadas y naturalmente, el idioma, el cuarto más hablado en el planeta.

 

Dada la complejidad del contexto geopolítico latinoamericano, España no debería circunscribirse únicamente al área de la tecnología, el comercio y la economía, elementos fundamentales en la fluidez internacional de los negocios bilaterales. Lo álgido  del asunto, es que los sistemas democráticos de algunos de los socios españoles, han escorado con una velocidad pasmosa en la región, y necesitan apoyo y refuerzo para no sucumbir del todo. Ya existen regímenes donde sólo prevalece un poder ejecutivo plenipotenciario y “benefactor” (dictadura), donde las instituciones son una mera caricatura y el Estado de Derecho una quimera, entonces, sin principios democráticos y con sistemas judiciales comprometidos y cuestionados, con violación constante de Derechos Humanos, reconocidos en su reciente Informe Preliminar por la Fiscal saliente ante la Corte Penal Internacional (CPI) y tramitados por el funcionario acusador entrante.

 

En este contexto, se han producido fricciones importantes entre la Unión Europea (UE) y el Régimen venezolano. Resumiendo al máximo la cronología de los hechos, comenzaremos por decir que en Noviembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea  “…impuso a Venezuela medidas restrictivas consistentes en un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como en la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto de las personas incluidas en la lista. Las medidas son flexibles y reversibles, y se han concebido de forma que no perjudiquen a la población venezolana. El Consejo ha incluido hoy a once altos cargos venezolanos en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, por su participación en actos y decisiones que socavan la democracia  y el Estado de Derecho en Venezuela…Las acciones que han motivado la decisión de incluir a estas personas en la lista son, entre otras, la incoación de procesos penales por motivos políticos… así como graves violaciones a los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de expresión…”

 

El 29 de junio de 2019, el Embajador de la Unión Europea en Venezuela fue conminado a abandonar el País en 72 horas. No ha sido el único representante diplomático “invitado” a abandonar el país, tanto el régimen chavista, como el madurista, han dado buena cuenta de legaciones diplomáticas y consulares por desaveniencias que han roto los hilos de comunicación necesarios entre gobiernos de la región.(6)

 

 

  

 

 

España

 

 

España siempre ha sido un faro para la Unión Europea en las relaciones diplomáticas con Iberoamérica debido a su contribución al progreso de sus antiguas colonias.

 

El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas y su cumplimiento para 2030 (7). Esto supone un gran reto para los cuerpos diplomáticos porque la multilateralidad marca la pauta para el cumplimiento de las metas a nivel global.

 

 Desde nuestra perspectiva, si bien existe un concierto de voluntades para llevar a cabo los objetivos programados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU), no lo es menos que el marco político en el que ha de desenvolverse la gestión pública  para el cumplimiento de las metas pactadas en la esfera económica, social y ambiental, en el mejoramiento de la producción agrícola y en la lucha por la desnutrición, debe ser el que propugne por la democracia, la decencia política y la transparencia en la administración de los recursos públicos y el apoyo internacional. Ya lo referimos al inicio de estas ideas, la diplomacia es el brazo derecho de la política y el derecho internacional, el instrumento en el que debe asentarse su ejecución.

 

Conclusión

 

Las relaciones internacionales de los miembros de la comunidad iberoamericana, independientemente de los mecanismos diplomáticos que se instrumenten para buscar y establecer puentes de concordia, entendimiento y respeto mutuo, ha de ceñirse siempre al respeto del Estado de Derecho y al contenido normativo obligante para la Comunidad Internacional en materia de protección de los Derechos Humanos, eso sí, siempre más allá de la retórica, de los comunicados que reflejan atención previa pero no acción posterior  y del entendimiento acerca del contenido y alcance de los Tratados y de las consecuencias que acarrea, sobretodo en el ámbito penal, la responsabilidad de los Jefes de Estado con tintura dictatorial.

 

 

Referencias

 

(1)           “El Grupo de Lima: Una diplomacia valiente y solidaria” https://www.juristasproiberoamerica.org/art%C3%ADculos-de-opini%C3%B3n-2019/ )

 

(2)            https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/proximos

 

(3)           (Ref. “Consideraciones acerca del flujo migratorio venezolano en Iberoamérica”)

                      https://www.juristasproiberoamerica.org/art%C3%ADculos-de-opini%C3%B3n-2019/ )

 

(4)           file:///C:/Users/C%C3%A9sar/Downloads/3-6-     19%20La%20Mediaci%C3%B3n%20Internacional%20en%20Iberoamerica.pdf

(5)           https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Interamericano_de_Asistencia_Rec%C3%ADproca#Crisis_de_Venezuela

(6)           https://www.consilium.europa.eu/es/policies/venezuela/

(7)           https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/APROBACION_AGENDA_2030.pdf

 

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

 

Miembro del Comité Coordinador de la

Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,

Protocolares y Gremiales de la Asociación de Juristas de Iberoamérica (ASJURIB)

 

Jurista y ciudadano Iberoamericano

viernes, 6 de marzo de 2020



Viernes, 19 de Enero 2020

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ALGUNOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICAMÉRICA  

El acecho del aumento de la conflictividad social, obliga a los órganos judiciales internacionales a optimizar aún más su gestión para evitar los atrasos procesales


                                                               Con motivo de la culminación del año 2019 y el inicio de 2020, comenzamos a  contrastar y evaluar la gestión jurídica habida y por haber,  de los asuntos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos en la región iberoamericana, a raíz de la secuencia de hechos políticos y sociales que han desbordado la gobernabilidad en algunos países latinoamericanos.

                                                               Una etapa tan convulsa como la que actualmente atraviesa buena parte del planeta, merece la previsión siempre oportuna de ajustar en la medida de lo posible, los instrumentos de actuación de las organizaciones avocadas al diagnóstico, tramitación y requerimientos de las causas que cada vez con más frecuencia, necesitan entes receptores prestos a canalizar las denuncias de los aludidos directamente por delitos de lesa humanidad y por todos aquellos, que revisten tipo penal de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional y particularmente, en el Estatuto de Roma cuyo glosario, siempre lo advertimos, no deja lugar a dudas al momento de calificar situaciones irregulares por parte de los funcionarios acusadores que operan en los tribunales internacionales.

                                                               Como quiera que las demandas sociales insatisfechas, siguen ocasionando un desbordamiento incontenible de  algunas comunidades de la región, con la consecuente necesidad de mantener el orden público contra aquellos que aviesamente, aprovechan el caos social amparados en las manifestaciones legítimas, la represión también desbordada, sigue multiplicando la violación de los derechos humanos. Y seamos justos y objetivos, porque si bien la autoridad reprime con brutalidad en ocasiones, del mismo modo contemplamos atónitos una saña y una brutalidad reprobable contra los agentes encargados de velar por la seguridad de los manifestantes. En las últimas las protestas acaecidas en Santiago de Chile, dos policías salvaron la vida de milagro luego de ser impactados con material incendiario. Una cosa es el derecho a manifestar pacíficamente y la otra desbocarse en el ejercicio de un derecho para conculcar el de los demás.

                                                               Es menester revisar entonces, algunas cifras como abogados y juristas para monitorear en algunos casos, el número de casos que van generándose relacionados con la violación de los derechos humanos en la región. Las salas de los organismos judiciales internacionales, continúan trabajando a tope recibiendo un buen número de causas que requieren de informes previos para ser abiertas   a trámite y que como ya sabemos, deberán transitar un largo camino procesal hasta que se produzcan sentencias definitivas, aunque también, como detallaremos más adelante, los mecanismos extrajudiciales están, siendo llevados con éxito por entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cuyas estrategias comentaremos luego de revisar la situación de algunos países.


Capítulo I

Venezuela                                              

En Venezuela por ejemplo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dejó constancia en el conocido Informe Bachelet del 19 de Septiembre 2019, del aumento sostenido de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (57 casos)  presuntamente cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) por citar tan sólo un dato (1). La fase diagnóstica de casos denunciados  se multiplicó y ahora reposan debidamente documentados, en espera del un informe preliminar por parte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, de cuyas actuaciones, ya hemos manifestado nuestras observaciones en otras ocasiones. Demás está decir, que Venezuela se encuentra bajo una crisis muy compleja que arrolla los derechos humanos como una aplanadora, generando además un flujo migratorio convertido ya, en un verdadero dolor de cabeza con muestras xenófobas por parte de sus vecinos.

Una importante noticia que debemos resaltar, es que según la Resolución 42/35 emanada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), en fecha 8 de octubre de 2019, se creó una “Misión de determinación de Hechos” para Venezuela, pero no para continuar documentando la violación de derechos humanos como consta en el Informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, sino enfocada a establecer responsabilidades mediante la exhaustiva investigación de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el año 2014. Las “Misiones de Determinación de Hechos conjuntamente con las Comisiones de Investigación, buscan hacer frente a casos de graves de violación tanto al Derecho Internacional Humanitario como al Derecho Internacional de los derechos Humanos. (2)
De igual forma, debemos referir la publicación del Informe Anual contentivo de las actividades llevadas a cabo por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el período comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 relacionado con nueve causas, que conforman el examen preliminar necesario para proseguir con las investigaciones. El extracto de este importante documento, donde se destacan la historia procesal (cronología de los hechos investigados),  actuaciones,  conclusión  y próximos  pasos  a seguir, puede consultarse como “II SITUACIONES BAJO LA FASE 2 (JURISDICCIÓN DE ASUNTO) VENEZUELA” en el  enlace que se identifica  a través de la referencia (3)
Colombia         

Con respecto a las peticiones recibidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia figura como el lugar que acumula más causas en curso. De las 2.392 peticiones contra este país, 966 se encuentran abiertas a trámite y 1396 procesos pendientes del estudio inicial en la Comisión. Según un balance divulgado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Colombia ocupa el 24% de todas las causas en trámite de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero es importante advertir, que el agotamiento de los recursos internos para dirimir denuncias por violación de los derechos humanos, existe en este país suramericano,  puntualizando el director de ANDJE que: …”No todos los casos que llegan a la Comisión son por temas fundamentales…La atención de demandas que no tienen relevancia sustancial desgasta al Estado, desgasta a la Comisión, deslegitima el sistema y le quita oportunidades reales a las víctimas de un problema de derechos humanos…” (4)

                                                            En este punto resulta oportuno señalar, que los esfuerzos del Estado colombiano ante las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe Anual 2018, pueden ubicarse por el lector en el Capítulo V de dicho instrumento en la referencia identificada como: “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL INFORME VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA”. El numeral 9 del precitado Informe expresa además: “…El 15 de marzo de 2019, la Comisión recibió las observaciones adicionales por parte del Estado de Colombia, sobre los cuales la CIDH consideró los puntos más relevantes, en particular, los relativos a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. El documento completo se anexa al presente Informe. El Informe Final fue aprobado por la Comisión el 16 de marzo de 2019…”.

                                                               Al momento de efectuar este análisis, Colombia atraviesa por una situación delicada debido al surgimiento de manifestaciones multitudinarias que adversan las políticas que pretende implantar el actual régimen de gobierno, lo que  ocasionó en su momento, la declaración de toque de queda por parte de las autoridades y llamados al diálogo y conversaciones con diferentes sectores, en su intento por preservar la paz y la convivencia democrática dentro del estado de derecho. (5)



Chile  
                                                              

El último trimestre del año 2019 fue particularmente turbulento para Chile. Según los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), entre el 18 de Octubre y el 22 de Noviembre 2019, se han presentado “…más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que durante todo el año 2018…”. La Fiscalía chilena por su parte, ha informado de 30.000 personas llevadas a Audiencias de Control por la comisión de diferentes delitos. De la cifra anterior, 20.217 de los detenidos, tienen ya su imputación formalizada y 1957 que permanecen arrestados, permanecen en prisión preventiva. Igualmente, de los procesados, 20.525 tienen medidas restrictivas dictadas por los tribunales para prevenir y evitar alteraciones del orden público. (6)

                                                               Por lo demás, Chile y Argentina han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional por el grave delito de genocidio contra la etnia indígena Mapuche. Por la misma tipificación penal, ha sido igualmente denunciado el presidente de Brasil por parte de Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos de esa nación, por presuntamente: incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas. (7)

Ecuador

Como consecuencia de las manifestaciones sucedidas en este país entre el 3 y el 13 de Octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo Ecuatoriana informó en su momento de siete víctimas mortales, 1300 heridos y más de mil detenidos, dando inicio a una comisión especial para la investigación de presuntos actos violentos de violación de los derechos humanos.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresaron su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de la violencia por parte de manifestantes.

Conforme lo expresamente informado por la CIDH, la Comisión tomó nota de que: “… en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Según la información proporcionada por el Estado, 35 policías resultaron heridos. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. Al mismo tiempo, recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia…” (8). Decidimos reproducir este texto, porque consideramos necesario recalcar, que los defensores de los derechos humanos están para velar por la protección de los mismos, pero también para solicitar se “aíslen” a los infiltrados y a los violentos, que siempre se las amañan para entremezclarse entre los manifestantes que sí exponen pretensiones y demandas legítimas. Pareciera pues, que en estos casos, tiene vigencia el dicho: “En río revuelto, ganancia de pescadores”, o deberíamos decir quizá: de “delincuentes”?.


México

                                                                        El fenómeno de la violencia en México, continúa preocupando a aquellos que denodadamente luchan por la protección de los derechos humanos en esta jurisdicción.

                                                            Recordamos la visita in loco efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2016 para la verificación in situ de diferentes situaciones irregulares. A la fecha, según la apreciación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, luego de su participación en el conversatorio sobre reparación integral de  daño, en caso de violaciones graves a los derechos humanos, el funcionario aseveró que las muestras de la crisis con respecto al tema que nos ocupa en suelo mexicano, son: …”las más de 40 mil desapariciones registradas, las más de mil fosas detectadas en el país, la trata y la tortura que afectan los procesos de investigación”…, agregando además que:…”tenemos el problema de las agresiones a los comunicadores, las muertes de comunicadores, vamos de 153 desde 2000 para acá…” (sic) (9).

                                                            En cuanto a las expectativas con respecto al año 2020, la arriba mencionada fuente señaló que: ”…el presupuesto solicitado por la CNDH para 2020 fue de mil 911 millones de pesos, lo cual se mantuvo en el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, aún tendrá que ser aprobado en el Congreso de la Unión”.

                                                            Por lo demás, el gran reto para México se supedita a enfrentar con decisión y firmeza el poder de los carteles de la droga, cuyo poder corruptor y violencia sin límites, hace tambalear cualquier gobierno al poner en jaque a las instituciones del amedrentamiento y el sicariato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Nicaragua


                                                            Nuestra visión de la situación de los derechos humanos en suelo nicaragüense, se concreta al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (A/HRC/42/18), publicado el 03 de septiembre de 2019, el cual dio respuesta a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, mediante la cual se solicitó a la funcionaria que preparara :”…un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua…”para ser presentado en el 42 período de sesiones”. Pues bien, de la revisión del mencionado documento, que abarca desde 19-08-2018 al 31-07-2019, concretamente de sus numerales 3 y 4, encontramos la siguiente mención:

3…“El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en Nicaragua del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, y toma como base la información recopilada por la OACNUDH, en Nicaragua, así como en Panamá y Costa Rica, a través, especialmente, de entrevistas realizadas a refugiados y migrantes nicaragüenses y entrevistas a distancia.
Durante el período que se examina, la OACNUDH realizó 187 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes, entre las cuales, abogados, periodistas y profesionales de la salud (96 hombres y 91 mujeres). Se realizaron 96 entrevistas a distancia y 91 presenciales. La OACNUDH también sostuvo 128 reuniones con varios actores, entre ellos funcionarios gubernamentales. Además, la OACNUDH analizó documentos de fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, tales como videos, fotos e informes procedentes de fuentes abiertas. Se enviaron al Ministerio de Relaciones Exteriores 37 comunicaciones, solicitando información detallada sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Gobierno respondió a seis de ellas
, en particular a un cuestionario enviado por la OACNUDH con miras a la preparación del presente informe. La OACNUDH agradece al Gobierno por haber respondido a sus comunicaciones, pero hace notar que la mayor parte de la información facilitada carece de la precisión suficiente para un análisis adecuado…4) El análisis y la verificación de esta información aporta motivos suficientes para creer que los hechos ocurrieron tal como se describieron y que los patrones que se plantean en el informe constituyen violaciones a los derechos humanos. La OACNUDH evaluó esta información a la luz del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a Nicaragua y de la legislación nacional pertinente, teniendo en cuenta también instrumentos con estándares complementarios a las normas internacionales…” (resaltado nuestro)
                                                                   Resulta por demás evidente, que es con los documentos fuente no gubernamentales que pudo llevarse acabo la redacción del Informe para sugerir entonces la legislación aplicable, por cuanto la información aportada por el Gobierno, cubrió tan sólo seis de las 37 solicitudes formuladas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bolivia

El importante momento político por el que atraviesa el Estado boliviano, nos obliga a revisar los comunicados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar, previo acceso a la documentación necesaria y a las entrevistas pertinentes con autoridades gubernamentales y civiles en general, la ocurrencia de hechos que podrían constituir violación a los DDHH. Así pues, mediante documento Nro.328/19 del 18-12-2019 (11), la Comisión anunció la creación de un grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en la realización de las investigaciones de los recientes hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Bolivia, así como la realización de una visita in loco a ese país.

En este caso, el gobierno boliviano se compromete a garantizar que los expertos tengan acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas con motivo de los hechos, el acceso a información pública así como a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir el análisis técnico formulando las recomendaciones que apunten a un Plan de Atención Integral de las Víctimas.

Dada la situación de permanente acoso y persecución a los defensores de los derechos humanos en otras latitudes iberoamericanas, no podemos menos que aplaudir la colaboración del Estado de Bolivia al facilitar todos los medios posibles al  GIEI para investigar, diagnosticar, recomendar y corregir las fallas en atención a la calidad de vida que merece el pueblo boliviano en uso de los deberes y derechos que ofrece un estado de derecho perfectible.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en el comunicado que: “…la celebración de este Acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, construye un paso de gran importancia hacia el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, así como hacia la reparación integral y oportuna, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Hemos efectuado un breve recorrido por algunos países iberoamericanos examinando algunas estadísticas, medidas y procederes relacionados con la situación de los derechos humanos en sus respectivas jurisdicciones, pero, ante el aumento de denuncias que han de producirse a consecuencia del delicado estado en que se encuentra la democracia en América latina, es bueno señalar que como señalaremos a continuación la CIDH cuenta con mecanismos ágiles para dar curso a las peticiones y solicitudes que le son presentadas para asegurar un resultado idóneo en la tramitación de las mismas.


Capítulo II

Avances en la lucha por la defensa de los derechos humanos en la región
La CIDH y su decidida acción frente al atraso procesal


Ante el aumento de peticiones y casos que se presentan ante la CIDH, esta instancia internacional ha ido optimizando un sistema operativo desde 2017, para canalizar oportunamente las soluciones amistosas o extrajudiciales. En el año 2018 se publicó, con el apoyo financiero de España y la Unión Europea el documento “Impacto del Procedimiento de Solución Amistosa”, (OEA/Ser.L/V/II.167 Doc.31, 1 marzo 2018), en el cual se estructura y condensa. el conocimiento de las solicitudes. El Capítulo III literal C, aborda el tratamiento de las: Medidas de Satisfacción: verdad, memoria y justicia, reconocimiento de responsabilidad y aceptación pública de los hechos, búsqueda y entrega de los restos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima de violaciones de derechos humanos y aplicación de sanciones judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones, estableciendo en el literal D, lo atinente a la compensación económica de los afectados. (12)

A través de la presentación de una petición ante la CIDH, aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, tienen acceso a un procedimiento no contencioso contando con un instrumento de resolución a sus demandas.   La Comisión Interamericana ha señalado: ” … Dicho sistema de peticiones y casos, es una herramienta fundamental para lograr justicia y reparación, combatir la impunidad y lograr reformas estructurales en la Ley, política y práctica…1.- Sin embargo, uno de los principales desafíos históricos que enfrenta la CIDH es reducir el atraso procesal en el sistema de peticiones y casos, ya que afecta las posibilidades de dar una respuesta oportuna a las personas que acuden al sistema interamericano a denunciar violaciones a sus derechos humanos. Varias han sido las causas del atraso procesal, siendo la principal, el aumento constante en la cantidad de peticiones que la CIDH recibe… Por otra parte, la Comisión extendió a la etapa de admisibilidad el plan piloto de adopción de informes en serie inicialmente adoptado para la etapa del fondo. Asimismo, decidió continuar avanzando en la simplificación de los informes de admisibilidad y fondo y en la acumulación de peticiones y casos cuando exista identidad entre las partes, hechos o patrones similares ” (resaltado nuestro) (Ref: (5)). El Plan Especial para superar el Retraso Procesal, cuya segunda etapa inició en 2018, tiene hoy, a raíz de los sucesos que acaecen en Iberoamérica, una gran importancia  y una pertinencia indiscutible.

En la actualidad, el teatro de operaciones en la región latinoamericana, es permanentemente supervisado por la CIDH y demás organismos internacionales y sus recomendaciones, medidas y avisos y oportuna mediación ante la violación de los derechos humanos, fortalecen la incansable labor de advertir cada día, los hechos y situaciones que ameritan una atención perenne si queremos preservar los gobiernos democráticos que existen en la región.








Fuentes consultadas


Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales de la Asociación de Juristas de Iberoamérica (ASJURIB)

Jurista y ciudadano Iberoamericano

martes, 8 de octubre de 2019


Miércoles, 11 de Septiembre 2019

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA ETERNIZACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DEL CASO VENEZOLANO


La justicia, cuando no es oportuna, no es eficaz y no es justicia


          La ausencia de un lapso procesal para la entrega del Informe Preliminar  por parte de la Fiscal de la CPI,  en el caso de las denuncias por la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, causa cada vez más asombro y estupor ante la presencia  de una justicia internacional ineficaz y por sobretodo nada “oportuna”, que permita encausar a los culpables de crímenes que van desde la tortura y las desapariciones, hasta el hambre y la miseria sostenidas.

         La violación recurrente de los derechos humanos en Venezuela, sigue siendo el gran “logro” revolucionario. La desintegración del tejido social y económico de la otrora nación más rica de América latina, no es culpa de las “sanciones internacionales”, es culpa del binomio maldito que se cierne sobre Iberoamérica, integrado por la incompetencia y la corrupción bajo la capa de un presunto “progresismo” que sólo los líderes de la Troika, entienden y disfrutan.

        Pero volvamos al asunto procesal. Un lapso es un período de tiempo determinado para el conocimiento de un asunto, incluyendo la delicada fase de instrucción de un expediente. Pero en qué consiste el examen preliminar y cómo se lleva a cabo?  Veamos:

La procedencia del examen preliminar se determina en los siguientes casos: a) un Estado parte remite al Fiscal una situación, b) el Consejo de Seguridad, actuando de acuerdo al Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación,  o c) el Fiscal ha iniciado por iniciativa propia (motu proprio) esa investigación.
De conformidad con el contenido del artículo 53 del Estatuto de Roma (1) y al contenido del Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares que elabora la propia Fiscalía de la CPI (2), el examen preliminar cuenta con 4 fases: 1) evaluación inicial, 2) inicio formal del examen preliminar para el análisis de la competencia de la CPI, 3) análisis de la admisibilidad, en atención a los requisitos de complementariedad, y finalmente, 4) la determinación de si la apertura de una investigación no redundarían en el interés de la justicia.


Vamos a poner especial énfasis en las fases 2 y 3 (competencia y requisitos de complementariedad) para posteriormente, relacionar la parte conceptual con el contenido normativo del Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares (DPGEP) que elabora la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 53 del Estatuto de Roma (ER) establecen el marco jurídico del examen preliminar y disponen que el Fiscal deberá considerar: “la competencia (competencia temporal, competencia material y competencia territorial o personal); la admisibilidad (complementariedad y gravedad), y el interés de la justicia. El criterio de prueba para la iniciación de una investigación de una situación con arreglo al Estatuto es “fundamento razonable”.” (Resumen ejecutivo Num.5 DPGEP).

Cualquier letrado o jurista conoce y comprende las consecuencias de determinar cuidadosamente los elementos relativos a la jurisdicción y la competencia de un tribunal determinado, al momento de ventilar una causa. La segunda fase del examen preliminar, es ciertamente, el inicio formal del mismo y en ella la Fiscalía se centra en el análisis de la competencia de la Corte, precisando dos requisitos fundamentales: que los hechos objeto de análisis se cometieron con posterioridad a la entrada en vigor del ER para el Estado en el cual ocurrieron los mismos, que dichos hechos ocurrieron en el territorio de un Estado o parte, o en todo caso que se estima que pudieron ser perpetrados por nacionales de dicho Estado. Además, es necesario efectuar un análisis detallado que lleve a concluir, que existe fundamento razonable” (como lo indica el DPGEP) de que se han cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o agresión.
Ahora bien, en el documento contentivo del Informe sobre las Actividades del examen preliminar 2018, la Fiscalía dio cuenta del avance de sus actividades en relación con el examen preliminar sobre Venezuela, el cual se encuentra todavía en la fase 2 del examen, concluyendo que la Corte ejerce jurisdicción territorial y temporal sobre la situación de Venezuela, y que continuará en lo sucesivo el análisis detallado para la determinación de la competencia material (delitos de lesa humanidad) en la situación que constituye el foco del examen preliminar, a saber la violencia en el contexto de las manifestaciones políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro a partir de febrero de 2014.
Teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que ha arrojado la brutal represión contra la disidencia política en Venezuela, nos embarga la perplejidad ante el cúmulo de testimonios debidamente documentados y de asesinatos y desapariciones oportunamente denunciadas cometidas por el dictador, que se ponga en duda el tipo penal (lesa humanidad) de los delitos que perpetra con total impunidad el régimen violando a diestra y siniestra los derechos humanos.

Prosiguiendo con nuestro análisis y consideración del examen preliminar, la tercera fase requiere la revisión de los elementos de admisibilidad en el artículo 17 del ER, teniendo en cuenta la admisibilidad, que comprende la complementariedad y la gravedad de los hechos. La complementariedad requiere un examen de la existencia de procedimientos nacionales pertinentes en relación con los casos que pudieran potencialmente surgir de una investigación. Esto se hará teniendo presente la política de la Fiscalía de centrar las actividades de investigación en las personas más responsables de los crímenes más graves de competencia de la Corte.

Cuando existan investigaciones o enjuiciamientos nacionales pertinentes, la Fiscalía debe evaluar su autenticidad. Siempre hemos sostenido, que esperar la aplicación de justicia (recursos internos) por parte de gobiernos forajidos y opresores, es más que una gran ingenuidad, una tremenda irresponsabilidad.

La gravedad por su parte, comprende una evaluación de la escala, la naturaleza y la forma de comisión de los crímenes, así como su impacto, teniendo en cuenta los casos que pudieran potencialmente surgir de una investigación objetiva de la situación. (Puntos 8 y 9. Resumen Ejecutivo del DPGEP). Pensamos que la Fiscal CPI tiene ahora los elementos necesarios, certificados en sendo Informe producido por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para dar por superados los requisitos de admisibilidad de la causa venezolana. Por lo demás, consideramos oportuno reproducir aquí un inciso contenido en el documento DPGEP relacionado, precisamente con la complemetariedad, tomado del caso: El Fiscal c. Saif Al – Islam Gaddafy y Abdullah Al – Senussi:

“La Sala de Cuestiones Preliminares I ha observado que “la prueba relacionada, entre otras cosas, con la determinación de si las medidas de investigación son apropiadas, la cantidad y el tipo de recursos asignados a la investigación, así como el alcance de las facultades de investigación de las personas que están a cargo de la investigación … que son importantes para la cuestión de si no existe una situación de «inactividad» a nivel nacional, también son indicadores pertinentes de la voluntad y la capacidad del Estado de llevar a cabo de manera auténtica los procedimientos correspondientes” [TRADUCCIÓN NO OFICIAL]; véase El Fiscal c. Saif Al-Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi, Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, ICC-01/11-01/11-466-Red, 11 de octubre de 2013, párr. 210.”  (resaltado nuestro)

Está por demás claro, que en el caso venezolano, la inactividad  no obedece a inmunidades, sobreseimientos o prescripción. La “voluntad” y “la capacidad” de investigar en el ámbito nacional, sencillamente, no existe.




Por último, la cuarta fase del exámen preliminar, en la cual la Fiscalía debe examinar el interés de la justicia y culmina con la elaboración de un informe sobre el párrafo 1 del artículo 53, que sirve de base para que la Fiscal determine si iniciará una investigación con arreglo al párrafo 1 del artículo 53 del Estatuto, desarrollado en los  puntos 83 y 84 del Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares, al que hemos ido haciendo referencia a lo largo del análisis. 
 El punto 84 arriba aludido, expone que: “Sobre la base de la información disponible, y sin perjuicio de otros posibles crímenes que se identifiquen en el curso de una investigación, el “informe sobre el párrafo 1 del artículo 53” proporcionará una caracterización jurídica inicial (precalificación fiscal) de los crímenes alegados dentro de la competencia de la Corte. También contendrá una descripción de los hechos, que indicará, como mínimo, los lugares en que se produjo la alegada comisión de los crímenes; el momento o el período en que se produjo la alegada comisión de los crímenes, y las personas involucradas (si están identificadas), o una descripción de las personas o grupos de personas involucradas. (paréntesis nuestro)

 Esta identificación de hechos es de carácter preliminar, teniendo presente el fin específico del procedimiento en esta etapa. No es vinculante a los efectos de las futuras investigaciones, y puede cambiar en una etapa ulterior, según la evolución de la recolección de pruebas y las futuras hipótesis que se elaboren sobre el caso. 

 Lamantablemente, el Estatuto no fija plazos para cerrar un examen preliminar. Según los hechos y circunstancias de cada situación, el Fiscal puede tomar una de las siguientes decisiones: i) abstenerse de iniciar una investigación cuando la información no satisface los factores establecidos en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 53; ii) seguir reuniendo información sobre crímenes y procedimientos nacionales pertinentes a fin de establecer una base fáctica y jurídica suficiente para hacer una determinación, o iii) iniciar la investigación, con sujeción, cuando corresponda, a autorización judicial.

        En cuanto al examen Preliminar sobre Venezuela, el  8 de febrero de 2018, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda anunció el inicio de un exámen preliminar que tendría como objeto, de análisis los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, en “el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.  Por su parte, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados parte al Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) remitieron la situación de Venezuela con gran solidaridad, solicitando inclusive la extensión del tiempo bajo investigación partiendo desde el año  2014. El Informe sobre las actividades de examen preliminar 2018 emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dio cuenta de la continuidad del proceso, acopiando nuevos crímenes y acumulándolos a los anteriores, pero en ningún caso, procediendo en consecuencia al inicio del juicio respectivo para encausar a los culpables.
En su informe anual publicado el 05 de diciembre de 2018, la fiscal de nacionalidad gambiana, Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela, desde el 12 de febrero de 2014 en la medida en que puedan entrar a la jurisdicción de la Corte”. (sic) (3) (resaltado nuestro)
 Llama la atención la atención la declaración de la Fiscal (CPI) cuando señala que…”continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte…”(sic). Atropellos filmados en vivo contra la población civil, crímenes y desapariciones por demás documentados, hambruna generalizada, manifestaciones brutalmente reprimidas y falta de lo más elemental para poder prestar una atención médica primaria, no son al parecer suficientes “elementos de convicción para la funcionaria acusadora de la CPI.
La inacción de la fiscal CPI, y las sombras que rodean su actuación y presunta relación con la embajadora venezolana ante el Tribunal Internacional, requiere la revisión de sus actuaciones de inmediato, la cuales han sido cuestionadas directamente a causa de un centenar de denuncias de pendiente tramitación y/o resolución, relacionadas con el drama venezolano.
2.-https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf
  

Abogado César Enrique López Bacaicoa.

Miembro del Comité Coordinador de la
Comisión Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas,
Protocolares y Gremiales

Jurista y ciudadano Iberoamericano